frontera bbcProvea denunció que el argumento de que los hijos nacidos en Venezuela de padres colombianos deportados son «hijos de la patria» es una violación a los derechos de los niños.

«Ellos tienen derecho a la doble nacionalidad», precisó Jessica Duhan, abogada del Programa de Exigibilidad.

Explicó que aun cuando estas parejas de venezolanos y colombianos no han legalizado su unión y han tenido hijos en el país, el derecho de los pequeños a mantenerse con sus familiares debe prevalecer.

Puntualiza, por ejemplo, que si la mamá está en el país ilegalmente y tiene un niño venezolano podría haber una deportación, pero no una separación: «Ella tendría que llevarse a su hijo. Si el papá del niño es venezolano el Estado debe buscar la manera de que la mamá pueda venir a Venezuela».

Carlos Trapani, abogado de Cecodap, denunció que con estas deportaciones han sido afectados los derechos de los niños a estar con la familia, a no ser víctima de violencia, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda y a la educación.

Agregó que los gobiernos de Venezuela y Colombia están obligados a proteger y a velar por los derechos de los menores, independientemente de la nacionalidad: «La migración no debe ser penalizada y en su condición de migrante el niño nunca pierde sus derechos», afirmó el abogado y defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Señaló que las deportaciones, como se han manejado, son un proceso violento que incide en la estabilidad emocional del niño, por lo que lo correcto es el acompañamiento psicológico antes, durante y después del proceso.

«Lo importante es resguardar el proyecto de vida de los niños y que las decisiones de los adultos no los perjudiquen».

Jessica Duhan señaló que en las deportaciones se violó el debido proceso y no se cumplieron los procesos establecidos en la Ley de Extranjería y Migración. En el artículo se 42 indica que el extranjero podrá examinar el expediente en el que se ordena su deportación y ser asistido por un abogado de su confianza, y en el artículo 47 se da un año para sacar los bienes del país. (El Nacional)

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