En el año 2008 los Estados partes del Mercosur y estados asociados, para ese momento la condición que tenía Venezuela, suscribieron la “Declaración de los Presidentes de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados sobre la Directiva de Retorno”. Esa Declaración que representando a nuestro país fue suscrita por el ex presidente Chávez, significó un contundente rechazo a las políticas migratorias que imponía la Unión Europea que implicaba violaciones a los derechos humanos con la denominada Directiva de Retorno.
Expresaron los presidentes en esa oportunidad: “Reiteran su firme compromiso con la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, independientemente de su condición migratoria, nacionalidad, origen étnico, género o edad.
Rechazan cualquier intento de criminalización de la migración irregular y la adopción de políticas migratorias restrictivas, en particular hacia los sectores más vulnerables -las mujeres y los niños-. Subrayan la necesidad de luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia.”
Cuatro años antes los ministros del interior habían suscrito la Declaración de Santiago sobre principios migratorios. Expresaron en aquella oportunidad entre otros aspectos lo siguiente:
“Reconocer el derecho de los Estados de ejercer el adecuado control de sus fronteras, pero sin tratar la irregularidad migratoria como hecho punible de derecho penal;”
Lo que viene ocurriendo con las deportaciones masivas de personas de nacionalidad colombiana en la frontera del estado Táchira, riñe con el espíritu de la Declaración de los presidentes. Pero además, con las normativas que al respecto viene elaborando progresivamente Mercosur para dar una respuesta adecuada y con pleno respeto a los derechos humanos de la migración y en particular la denominada migración irregular.
En primer lugar, se ha desatado una campaña por los medios oficiales que criminaliza la inmigración irregular y se pretende mostrar a todos los inmigrantes en situación irregular como delincuentes que participan en uno u otro delito en la frontera. Sin negar la existencia del contrabando y la presencia del paramilitarismo y la guerrilla colombiana en la frontera, quienes participan de ese delito o pertenecen a esos grupos constituye una minoría de personas.
En segundo lugar, se está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos los países del Mercosur han ratificado este convenio internacional de derechos humanos que en su artículo 13 establece que todo extranjero que vaya a ser objeto de expulsión se le permitirá exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas. En el caso de las deportaciones masivas ocurridas no se permitió ninguna posibilidad de defensa y mucho menos tener la posibilidad de ser representados por profesionales del derecho u organizaciones.
Todos los Estados Partes del Mercosur han suscrito y ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha indicado en su Recomendación General Nro. 30 que los Estados que han ratificado la Convención deben garantizar que los no ciudadanos no serán objeto de una expulsión colectiva, en particular cuando no haya garantías suficientes de que se han tenido en cuenta las circunstancias personales de cada una de las personas afectadas.
Una Vez más Venezuela se coloca al margen del espíritu y normas del Mercosur en esta oportunidad sobre el trato a las personas en condición de migrantes.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
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