A sólo días para que cumpla dos meses desde su ejecución, la Operación de Liberación y Protección del Pueblo continúa generando violaciones de derechos humanos fundamentales, especialmente en la población más vulnerable. Los más humildes han sido víctimas directas de esta política de Estado que se disemina en el territorio nacional bajo el argumento de lucha contra el paramilitarismo y las bandas armadas.
A las detenciones arbitrarias se le suma el derrumbe y desalojo forzoso y masivo de viviendas, dejando a cientos de familias sin hogar. Conocidos son los atropellos a los que fueron sometidas las familias en el Km. 3 de la carretera Panamericana y la Comunidad Brisas del Hipódromo en el estado Carabobo, a quienes se les violó el derecho humano a una vivienda digna consagrado en el artículo 82 de CRBV.
En Vargas no fue la excepción. Este viernes 11.09.2015 la ciudadana Omaira del Carmen Ramírez, beneficiaria de la GMVV de Tanaguarenas, denunció en Provea ser víctima de desahucio y desalojo forzoso de la vivienda a manos de funcionarios del Instituto de Vivienda de Vargas y policía regional en el contexto de la OLP.
El desalojo se produjo la tarde del 24.08.2015. Ramírez habitaba el apartamento desde hace un año. Antes estuvo refugiada cuatro años en el Fuerte Tiuna.
Junto a sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, recibió la orden de desalojar en 20 minutos la vivienda bajo el argumento de que no la habitaban de forma regular. Denuncia que inmediatamente otra familia fue alojada en el inmueble.
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