El pasado 14 de julio, la ONG interpuso ante la Sala Político Administrativa un primer recurso de abstención contra Merentes, que se fundamentó en el incumplimiento de su obligación Constitucional en el artículo 319, que dicta “el Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones (….) e informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país”.

El 4 de agosto de 2015, la Sala Político Administrativalo declaró inadmisible alegando que Transparencia Venezuela “no acompañó ninguna prueba que acredite las gestiones que haya realizado para solicitar y obtener del Presidente del Banco Central de Venezuela el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas (…) y la publicación de las principales estadísticas económicas del país”.

Para complacer al Poder Judicial Transparencia Venezuela solicitó la información el 13  de agosto y el 26 de agosto y 2 de septiembre lo ratificó, con la finalidad de obtener “prueba que acredite las gestiones” de solicitud formal al BCV de: El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desde enero 2015 hasta la fecha; el Producto Interno Bruto desde octubre 2014 hasta la fecha, la Balanza de Pagos desde octubre 2014  hasta la fecha y el Índice de escasez desde febrero 2014 hasta la fecha”.

Hasta hoy, la ONG no ha recibido respuesta del BCV y tampoco han sido publicadas las cifras de las estadísticas económicas del país. Es por ello que la organización regresó al Poder Judicial para pedir y demandar alpresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson José Merentes, por omitir su responsabilidad de  publicar los índices.  

Así afecta al país y a los venezolanos la no publicación de indicadores económicos:

• El desconocimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) no sólo le resta credibilidad al BCV, sino que impacta de manera negativa la capacidad de compra real del trabajador, debido a que se cercena la posibilidad de percibir un ajuste en las remuneraciones de acuerdo a un indicador nacional y oficial que les permita a los asalariados hacer frente al constante encarecimiento de la vida.

• El Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la definición del propio Banco Central de Venezuela, registra el “valor de los bienes y servicios finales producidos en el territorio de un país, durante un período determinado”. Este indicador es utilizado mundialmente para medir el crecimiento del país y sobre él se calculan todas las proyecciones y estimaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, quien proyecta en su informe Perspectivas Económicas,la caída del PIB en un 7% en 2015. Última publicación Septiembre de 2014.

• La Balanza de Pagos, es “un registro contable y sistemático de todas las transacciones económicas y financieras que realiza un país con el resto de mundo durante un período determinado. Dentro de estas transacciones se incluyen: compra y venta de bienes y servicios, transferencias unilaterales, pagos e ingresos por concepto de intereses y dividendos, operaciones con oro, divisas, Derechos Especiales de Giro y el movimiento de activos y pasivos financieros”[1]. El resultado de los saldos de este indicador afectan el nivel de reservas internacionales toda vez que de ser deficitaria se deben extraer reservas para cubrir el diferencial, lo contrario ocurre en caso de tener un saldo superavitario. Última publicación Septiembre de 2014.

• El Índice de escasez, en el contexto de la coyuntura actual de escasez que se vive en Venezuela, resulta necesario tener información oficial actualizada sobre dicha situación, a diferencia de los índices referidos anteriormente, la escasez no es una estadística construida y reconocida a nivel mundial, sin embargo en Venezuela, el Banco Central la elaboró y la difundía por los mecanismos institucionales que considerara pertinentes. En las últimas publicaciones del Banco Central con respecto a este índice no se respetó una debida periodicidad, la información se presentó en comunicados y notas de prensa del ente emisor en los que se informaba de forma conjunta sobre el ya analizado INPC y la escasez.

La opacidad es ilegal

Transparencia Venezuela asegura que la opacidad generada por el BCV vulnera los artículos 7, que hace referencia al adecuado cumplimiento del objetivo del BCV, numerales 13 (acopiar, producir y publicar las principales estadísticas económicas, monetarias, financieras, cambiarias, de precios y balanzas de pagos) y 31 que hace referencia a la transparencia como principio de la institución, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.

En consecuencia, reitera que el BCV “…debe mantener informado, de manera oportuna y confiable al Ejecutivo Nacional y demás instancias del Estado, a los agentes económicos públicos y privados, nacionales y extranjeros y a la población acerca de la ejecución de sus políticas, las decisiones y acuerdos de su Directorio, los informes, publicaciones, investigaciones, así como de las estadísticas pertinentes de acuerdo con prácticas aceptadas por la banca central, que permitan disponer de la mejor información sobre la evolución de la economía venezolana(…)”.

La ONG  recuerda que la situación atenta contra el derecho de acceso a la información reconocido como un derecho humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en consecuencia “genera obligaciones para todas las autoridades públicas (…)a suministrar información exclusivamente sobre el manejo de los recursos públicos, la satisfacción de los servicios a su cargo y el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas”.

Por tal motivo, solicita a la Sala Político Administrativa del TSJ que se le ordene a Merentes hacer de acceso público los informes periódicos sobre el comportamiento de las principales estadísticas económicas del país en la página web oficial del Banco Central de Venezuela.