Runrun.es: 8.000 detenciones arbitrarias hubo en tres meses de OLP

En apenas tres meses, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) creada por el gobierno de Nicolás Maduro acumula una serie de récords de violaciones de Derechos Humanos. Los números recopilados por la ONG Provea muestran una amplia gama de arbitrariedades y excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco del dispositivo de seguridad. Las acciones van desde la violación del derecho a la vida, con 125 ejecuciones extrajudiciales, hasta la violación de derecho a la vivienda.

Notas de prensa y reportes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) registran que fueron detenidas más de 9.500 personas durante las OLP, entre el 13 de julio -cuando inició el procedimiento en la Cota 905- y el 13 de octubre de 2015. Pero solo 1.500 ciudadanos fueron presentados ante el Ministerio Público; a los 8.000 restantes no se les consiguió ninguna vinculación con hechos delictivos.

“En este caso hablamos de detenciones arbitrarias. Esas 8.000 personas fueron detenidas ilegalmente”, explicó Inti Rodríguez, coordinador de Investigaciones de Provea, quien precisó que estos ciudadanos permanecieron detenidos por lapsos que van de 10 horas a 45 días sin haber cometido delitos.

Estas detenciones arbitrarias -ocurridas en tres meses, durante las OLP- representan más del doble de las registradas por Provea en todo 2014, cuando se reportaron 3.570 casos de aprehensiones irregulares, que incluían los arrestos asociados a las protestas. “La cifra más alta de detenciones arbitrarias en los últimos 25 años, en el contexto de operativos policiales, la tiene Tarek William Saab (actual Defensor del Pueblo), cuando era gobernador de Anzoátegui. Entre 2010 y 2011 hubo 134.333 detenciones ilegales en esa entidad en el marco del Dispositivo Bicentenario de Seguridad. Esto representaba 10% de la población de Anzoátegui”, dijo Inti Rodríguez.

Más de 40 ciudadanos de nacionalidad colombiana figuran en esta lista de detenciones arbitrarias. Algunos de ellos estuvieron hasta 45 días en distintos destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Su delito: ser colombianos.

Inti Rodríguez se refirió al caso de un joven detenido y acusado de ser paramilitar por haber prestado servicio militar en Colombia. “Estuvo 42 días en El Helicoide incomunicado. No le pasaban comida ni ropa. Tuvimos que interceder ante la Defensoría del Pueblo para que lo liberaran”.

De las intervenciones “grotescas”

En Caracas, los urbanismos de Misión Vivienda se convirtieron en objetivos de la OLP luego de haber sido considerados como focos del crimen. A los edificios de Ciudad Tiuna, avenida Bolívar, Montalbán y La Paz arribaron de madrugada centenares de uniformados que retuvieron, arrestaron y desalojaron a cientos de personas a su paso. Dayaris Algara sufrió las consecuencias de esas acciones, cuando el pasado 31 de julio los funcionarios allanaron las torres ubicadas frente al Puente de Los Leones en La Paz. Ese día arrestaron a su marido, Douglas Lugo, de 19 años de edad, y lo señalaron de ser el jefe de una banda delictiva. Le imputaron el cargo de “asociación para delinquir”.

Lugo trabajaba como vigilante a destajo en una empresa de La California Sur. Su esposa recordó que los guardias nacionales, encargados del operativo, tocaron a su puerta cerca de las 5:00 am de aquel día para advertir que en los próximos minutos allanarían la residencia. Media hora después, como lo habían prometido, regresaron.

“A Douglas lo revisaron y lo bajaron. Eso estaban haciendo con todos los hombres. Sólo que él no volvió a subir, desde ese día se lo llevaron”, contó la joven que recogió firmas entre los vecinos y voceros comunales para confirmar su buena conducta de su marido, llevó ante tribunales a ocho testigos para dar fe de que no había incurrido en ningún delito y expuso el caso ante diputados como Juan Carlos Alemán, quien visitó el urbanismo después de lo ocurrido. Pero la respuesta, pese a sus esfuerzos, siempre fue la misma: “Nada se puede hacer. Fue una orden presidencial”.

“Ese muchacho es tranquilo. No fue justo que se lo llevaran, como tampoco fue justo a que la gente la sacaran de su casa y le botaran sus corotos por las escaleras”, apuntó una mujer que vive en el mismo edificio de Algara. “Él no estaba haciendo nada malo”, añadió otra vecina, a quien los Guardias Nacionales le violentaron la puerta de su casa para ingresar y nunca le indemnizaron nada. Explicó que no pudo abrirle a tiempo a los uniformados porque estaba en el baño con un fuerte dolor de estómago, mientras que su pareja permanecía dormida en la cama. Al hombre lo llevaron hasta la sala y le ordenaron ponerse contra la pared. A ella la obligaron a salir. “Mi esposo les dijo que lo que estaban haciendo era un abuso. No se lo llevaron porque les mostró su carnet y empezó a mencionarles militares que él conoce porque trabaja con ellos. Cuando se dieron cuenta de que él era funcionario de la Vicepresidencia, lo dejaron quieto”, relató.

En la torre 10 de la Misión Vivienda “Guillermo García Ponce”, de Montalbán, un habitante afirmó que la intervención de los policías nacionales que comandaron la OLP del pasado 27 de julio fue “grotesca” y que las detenciones se hicieron bajo un velo de irregularidades. Según él, los funcionarios dieron falsas declaraciones para incriminar a personas que no cometieron delitos, como lo hicieron con una supuesta revendedora que guardaba pequeñas cantidades productos básicos en su casa, a quien le atribuyeron bultos de mercancía que no tenía.

Provea registra más de 13.000 allanamientos ilegales a viviendas durante las OLP.  “El Gobierno los llama ‘verificación y auditoría’ de viviendas. Pero no son otra cosa que allanamientos ilegales, porque no cuentan con órdenes judiciales. Hay casos de urbanismos de la Misión Vivienda donde todas las casas fueron allanadas”, explica Inti Rodríguez, quien recordó que esta acción comenzó con 90 viviendas, en el primer procedimiento en la Cota 905 y se ha repetido en los 70 OLP realizados hasta el 13 de octubre.

Desalojos y demoliciones como castigo

Desde septiembre se han reportado 976 casos de demoliciones y desalojos arbitrarios de viviendas en solo tres procedimientos. “Es el registro más alto de afectación al derecho a la vivienda en el marco de una política de seguridad ciudadana que hemos tenido. Anteriormente, con estos procedimientos nunca se vulneró el derecho a la vivienda”, explicó el activista de Provea.

“La OLP no solo se ha convertido en una razia policial-militar, sino que también afecta derechos civiles y políticos. En nuestros registros no habíamos tenido un operativo que impactara tan negativamente el disfrute de los derechos económicos, culturales y sociales”, afirmó Rodríguez.

Las 976 demoliciones y desalojos afectaron a igual número de familias. Los casos reportados por la ONG ocurrieron en la carretera Panamericana (Miranda), el 24 de julio; Brisas del Hipódromo (Carabobo), el 17 de agosto; y El Piache-Los Olivos (Nueva Esparta), el 18 de septiembre. En todos estos casos se violó la Ley contra el Desalojos y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Todos tuvieron el mismo patrón de actuación: los desalojos se hicieron de madrugada, desde las 4:00 am aproximadamente; los afectados no fueron notificados previamente; tampoco se les ofreció una opción de reubicación, ni fueron llevados a refugios; y se utilizó la demolición de las casas como un mecanismo punitivo y de castigo.

De las 436 familias del sector Brisas del Hipódromo, en Valencia, 236 buscaron acomodo con amigos y familiares, mientras que las 200 restantes vivieron un mes entre los escombros de sus casas derribadas. Hace dos semanas algunos de ellos fueron reubicados en el sector Villa Florida.

Días antes de la toma militar, las familias afectadas por la medida habían protagonizado varias protestas para exigir la asignación de viviendas que les habían prometido en un urbanismo de Misión Vivienda, ubicado cerca del sector. “Ellos denunciaron que fueron excluidos, sin explicación, de la entrega de soluciones habitacionales de Ciudad Hugo Chávez y responsabilizaban a Saúl Ameliach, hermano del gobernador”, indicó el dirigente de Provea.

Una de las víctimas de las demoliciones de la Panamericana es Lisbeth de López, quien había llegado al sector hace tres años. “Será reunir nuevamente, poco a poco”, dice la mujer que perdió su vivienda y a quien no le dieron indemnización alguna por la casa de bloques, de dos habitaciones y un baño, que había levantado desde que arribó allí.

Según Provea, informes oficiales contabilizan 1.500 apartamentos recuperados con las OLP. “No hay claridad de cuál ha sido el procedimiento utilizado para quitar estos apartamentos a estas personas. Entendemos, por lo que dijo el Presidente, que se está criminalizando a todo el núcleo familiar. Esto refleja una inseguridad total sobre la tenencia de la vivienda”, precisó el activista.

Los falsos invasores

Muchas de las personas sacadas de las residencias fueron señaladas como invasoras por las autoridades, pero en varios urbanismos de Caracas, los vecinos dicen otra cosa.

En la torre 10, uno de los habitantes explicó que los desalojados eran, en realidad, propietarios que no tenían papeles en regla o personas que habían intercambiado sus casas con otros adjudicados sin haberlo notificado al Ejecutivo. De la veintena de apartamentos desalojados, estima que la mitad ya han sido ocupados. “Aquí nos preguntamos por qué cuando entregaron los apartamentos no interrogaron a la gente sobre su nacionalidad”, apuntó en referencia a los colombianos que fueron sacados de sus domicilios y retenidos durante varias horas para verificar su identidad.

A una cuadra de distancia, en la torre 6, una mujer habló en defensa de tres de los cuatro jóvenes que fueron apresados por presuntamente haber incurrido en delitos diversos. A dos los señalaron por tráfico de drogas y a uno más lo apuntaron como invasor, a pesar de que ocupaba la vivienda de su hermana quién, en ese momento, estaba de viaje.

“Esos son muchachos tranquilos, porque aquí uno no va a estar tapando a los mala conducta o a los que andan por ahí con pistolas”, dijo la vecina. Aseveró que aunque en la urbanización han disminuido las balaceras desde los allanamientos, la actuación agresiva de los uniformados durante aquella madrugada le hace pensar que pueden volver a hacer lo mismo con otros inocentes.

En total, del urbanismo de Montalbán, aún hay 15 personas tras las rejas. La mayoría fue enviada a un centro de reclusión provisional ubicado en San Juan de Los Morros, en Guárico, y tendrá su audiencia preliminar la semana entrante, casi tres meses después de haber sido encarcelada.