El ministro de Agricultura y Tierras, Yvan Gil está en desacuerdo con postulados centrales del proyecto de la nueva Ley de Semillas. Gil se opone a que la Asamblea Nacional declare a las semillas como bien de dominio y declaratoria de utilidad pública y muestra su desacuerdo con la creación de un Instituto Nacional de Semillas por ser “poco práctico” y ampliar la burocracia actual.
Lo anterior se desprende de una misiva enviada el 25.10.2015 por el ministro al diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, encargada de coordinar las observaciones finales del documento.
En uno de los párrafo se lee: “el marco regulatorio de declaración de semillas introducidas de bien de dominio y declaratoria de utilidad pública además de la investigación, distribución y comercialización de semillas puede de manera directa representar un muro de acceso en este momento a materiales ya desarrollados de semillas por empresas o institutos (muchos de ellos de los cuales somos miembros), esto podría implicar un escenario de baja de rendimiento en rubros de cereales y hortícolas, con su respectivo impacto en abastecimiento”.
Esta opinión es contraria a la de los trabajadores del campo, quienes –de acuerdo a nota de la Agencia Venezolana de Noticias– sostienen que con la aprobación por parte de la AN de esta nueva ley “se fortalecerá la producción de alimentos en el país, que permitan garantizar la seguridad alimentaria de la población”.
Gil además cuestiona la prohibición que en la ley se hace de los transgénicos y señala que “las competencias de la Comisión Nacional de Bioseguridad es mucho más completa”.
La creación de una nueva Ley de Semillas ajustada al espíritu del artículo 305 de la Constitución Nacional y que derogara la ley vigente (2002), que plantea la propiedad intelectual sobre la semilla y es permisiva con los transgénicos, fue una necesidad planteada por campesinos y grupos agroecológicos. Este nuevo proyecto de Ley, se publicó en 2013 y fue aprobado en primera discusión en 2014. Tras estos años, la ley estaría «en un punto culminante para su introducción en la AN» sin contar -por lo visto- con el apoyo de la autoridad nacional en materia de agricultura y tierras. (Prensa Provea)
