Desde el año 2002 COFAVIC ha venido documentando los principales ataques y/o actos de hostigamiento que han experimentado las y los defensores de derechos humanos en Venezuela. Producto del agravamiento y deterioro progresivo de las garantías de trabajo para la defensa de los derechos humanos en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado entre 2002 a 2015 seis medidas provisionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trece medidas cautelares, las cuales buscan instar al Estado venezolano a proteger la integridad personal de los defensores, sus familias y miembros de las organizaciones que representan.
El rol de los y las defensoras de derechos y de las organizaciones es fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, la Constitución asegura el derecho asociación y garantiza el derecho a la participación ciudadana a través de diversos mecanismos. No obstante, en los últimos años se han producido un conjunto de legislaciones regresivas que generan graves afectaciones a la libertad de asociación. Entre los principales efectos de estás legislaciones regresivas destacan: el desconocimiento de la autonomía, la restricción sistemática a información pública, la criminalización y amenaza de judicialización si se accede a financiamiento público internacional, criminalización a las asociaciones, afectándose de facto su capacidad procesal de acudir a tribunales y mediante la apertura de investigaciones penales y administrativas en contra de ellas. Asimilándose las acciones de las ONG y de los defensores usuarios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como delitos de “traición a la patria” o “desestabilización”.
Otro mecanismo de relevancia, utilizados para restringir el accionar de las ONG son la suspensión de financiamiento público, expropiación de instalaciones y bienes, especialmente en el ámbito de las ONG de desarrollo; y dificultades casi generalizadas para todas las ONG para el registro de nuevas asociaciones o para trámites legales de actualización de directivas o estatutos.
Sin embargo, COFAVIC ha documentado eventos de mayor gravedad que ponen en severo riesgo la integridad personal de quienes dedican su labor a la promoción y protección de derechos humanos, tales como: ejecuciones extrajudiciales, agresiones, amenazas y actos de hostigamiento, campañas de desprestigio, privaciones de libertad, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, seguimiento y vigilancia, interceptación a comunicaciones telefónicas y digitales, exposición de datos personales para aumentar la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, inicio de acciones penales en contra de activistas de derechos humanos vinculadas a la recepción de fondos, entre otras.
El pasado 21 de octubre de 2015, nuevamente los defensores de derechos humanos son expuestos a campañas de descrédito que colocan en grave riesgo la integridad de quienes se ven afectados como víctimas. En esta oportunidad COFAVIC quiere llamar la atención sobre los recientes ataques en contra del Dr. Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a Libertad y para quien el Estado debe procurar todas las medidas posibles para asegurar su integridad, la de su familia y de su equipo de trabajo.
Los defensores de derechos humanos desempeñan un importante rol en el fomento de una mayor conciencia y observancia de los valores democráticos, su labor está descrita y recogida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, universalmente reconocidos. Cuando se ataca a un defensor o defensora de derechos humanos, se intenta silenciar las voces de las personas y grupos marginados, invisibilizados, de aquellos que por su nivel de afectación y desprotección requieren apoyo. Sin duda se afecta tu legítimo derecho de exigir al Estado mejores condiciones para vivir y desarrollarte como persona.
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