El pasado jueves 05.11.2015 el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) visitó la población de La Ensenada, kilómetro 4 de la Panamericana, parroquia Coche, municipio Libertador, para corroborar las denuncias hechas por habitantes de esa zona sobre el desalojo forzosos y la demolición masiva de viviendas en el marco de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) que se desarrolló entre el km. 2 y el km. 6 de la carretera Panamericana el 24.07.2015.
Los habitantes denunciaron que se trató de una incursión violenta y sorpresiva que contó con la participación de alrededor de 300 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes a las 5:00 de la mañana tomaron –de acuerdo a los testimonios- por orden presidencial la zona, mantuvieron retenidos a las personas en el lugar y se les ordenó desalojar de inmediato las viviendas, la mayoría construcciones sólidas de concreto con hasta 33 años de antigüedad que posteriormente fueron derrumbadas.
De esta forma Provea constata las denuncias sobre la practica de desalojos donde el Estado, mediante la OLP, irrespeta las garantías procesales adoptadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la toma de este tipo de medidas. En el caso de la Ensenada, al igual que el reportado en Brisas del Hipódromo, no se realizó una consulta con las personas afectadas y no se otorgó un plazo razonable de notificación previa.
Detenciones arbitrarias, allanamientos masivos, desalojos forzosos y demolición de las viviendas se generaron bajo la mirada de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Los funcionarios de estas instituciones, presentes en el lugar, no mediaron para evitar la violación del derecho humano a la vivienda de las 83 familias, que habitaban en las 81 viviendas derrumbadas.
«Los militares nos cantaban ‘patria querida’ mientras tumbaban nuestras casas» recuerdan vecinos de La Ensenada #OLP pic.twitter.com/bJAw6x9Tdf — PROVEA (@_Provea) noviembre 5, 2015
Marlon González, víctima, relató que el operativo inició a las 5:00 a.m de ese viernes feriado. “Llamamos al Ministerio Público y Defensoría y nos dijeron que estaban al tanto, pero no podían hacer nada. A las 6:30 a.m allanaron todas nuestras viviendas para exigirnos que nos saliéramos porque ellos iban a derribar las casas. No hubo mediación posible, tratamos de pedirle tiempo si era inevitable el desalojo. Trajeron a un batallón de alumnos de la GNB para que nos ayudaran a sacar las cosas, pero no pudimos sacar ni la mitad de nuestros enseres porque tumbaron las casas aún con nosotros adentro. Nos cortaron el agua, la luz, agredieron a nuestras mujeres y niños, a los ancianos. Nos sacaron como animales a la calle”.
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas contempla que los desalojos, de llevarse a cabo, no pueden realizarse en horario nocturno, madrugadas ni los días viernes, sábados ni domingos. Durante el desalojo también fueron detenidos -indicaron los vecinos- dos personas a quienes presuntamente se les habría sembrado pruebas y acusado de tráfico de drogas. 45 días después estas personas fueron puestas en libertad.
Los vecinos contaron también como los funcionarios policiales y militares agredieron a mujeres y niños y robaron enseres de las viviendas demolidas. Sin embargo, la intervención no se dio sólo en esa zona. Ese mismo día en el sector Divino Niño demolieron 11 casas, en el sector Bosque Verde derrumbaron 12 viviendas. En el sector El Cují, km2 de la Panamericana, fue donde se afectó al mayor número de personas, ahí se demolieron 240 viviendas.
En total, más de 300 viviendas fueron derrumbadas en el marco del OLP entre el km. 2 y el km. 6 de la carretera Panamericana. Provea contabiliza desde que se inició el operativo más de mil desalojos arbitrarios en el país.
Militares humillaron a familias y cantaron “Patria Querida” mientras demolían las viviendas
«Ni en la cuarta, ni menos durante Chávez se veía esto» dijeron vecinos de La Ensenada en nuestra visita hoy pic.twitter.com/Jmlo4OMPBG — PROVEA (@_Provea) noviembre 5, 2015
En el momento del desalojo se les acusó a las familias de invasores y las autoridades argumentaron que se trataba de una zona protegida donde se construirá el parque “Hugo Chávez”.
La comunidad no sólo contaba con servicios básicos y viviendas sólidas, también tenía el reconocimiento del Estado. En el 2006 constituyeron el Consejo Comunal, se les había otorgado recursos para la sustitución de ranchos por casa, tenían mesas técnicas de agua y energía. Es decir, todas las figuras del Poder Popular que ha institucionalizado el Ejecutivo.
“Pero ellos dijeron que el poder popular para ellos no existía”, apuntó Jenny Rojas, víctima, quien agregó que la comunidad estaba tan bien constituida que junto a otros 11 consejos comunales tenían el proyecto de construcción de la comuna “El Sueño de un Gigante”.
“Ellos (los funcionarios policiales y militares) se burlaban de nosotros, nos decían que siguiéramos apoyando la revolución, que siguiéramos siendo chavistas. Fue tan fuerte la burla y el acoso psicológico que mientras nos sacaban de nuestras casas nos cantaban patria querida. Nos decían que eso nos pasaba por revolucionarios, por chavistas”, expresó.
Jenny se pregunta cómo -si la Constitución habla de Estado de derecho y de justicia- ocurrió esta violación total a su derecho humano a una vivienda. “Todos quedamos en la calle. Estamos en situación de calle. Hay personas durmiendo en sus vehículos, dentro de estacionamientos”, contó.
Este hecho ocurrió hace casi 4 meses. Las familias ocupan en la actualidad casas de familiares o amigos, el núcleo familiar en algunos casos se ha roto y la continuidad educativa de los niños de la comunidad también. Estudiaban en las escuelas cercanas, pero con el derrumbe de la comunidad por el operativo policial-militar no pudieron continuar su año escolar.
Sólo 41 familias de La Ensenada habrían sido reconocidas en los proyectos que instituciones del Ministerio de Vivienda y Habitat desarrollan tras la intervención de la OLP. El Estado no les ha brindado protección al resto de las familias ni alternativas de ocupación temporal en refugios.
“No estábamos damnificados. El Estado nos damnificó”
«El gobierno nos damnificó» dicen los vecinos de La Ensenada, Panamericana, comunidad arrasada por #OLP el #24J pic.twitter.com/gPZB9LUwjV — PROVEA (@_Provea) noviembre 5, 2015
José Gregorio Pérez, víctima, señaló que la acción militar contra La Ensenada “es una irresponsabilidad por parte del Estado porque nosotros no estábamos damnificados, el Estado nos damnificó. Las casas de nosotros databan de hasta 30 años. Eran construcciones de concreto armado. Lo más triste de todo es que fue violada la Constitución, los derechos humanos de las personas que habitábamos acá”.
Pérez durante sus declaraciones enumeró los artículos de la CRBV que fueron violados durante el operativo: “2, 3, 7, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 47 y 55 de la CRBV que hablan de las garantías a los derechos humanos. Le hacemos un llamado al presidente de la República porque –aún tengo la duda- creemos lo engañaron con informes de inteligencia y contrainteligencia contra esta comunidad. Somos personas trabajadoras y honestas y resteadas con el verdadero socialismo. Se cometió una humillación en contra nuestra. Chávez jamás hubiese permitido una aberración de esta naturaleza. Nos duele lo que nos pasó a nosotros y hasta la fecha no hemos tenido respuesta del Estado para reparar nuestros derechos humanos. Nosotros iremos con una denuncia en contra del Estado por violación de derechos humanos”.
Provea ha denunciado desde el inicio del Operativo para la Liberación del Pueblo (OLP) que se trata de una razzia contra los pobres, donde se han generado una seria violación a los derechos humanos, sobre todo de las poblaciones más vulnerables.
El desalojo forzoso constituye una práctica contraria al derecho a la vivienda adecuada. La Observación General N° 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU sostiene que todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas; y asimismo, que deben existir recursos de apelación jurídica destinados a evitar desalojos violentos o demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales para obtener indemnización después de un desalojo ilegal. Como se afirmó en la Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU “la práctica de los desalojamientos forzosos constituyen una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada”.
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