Rectores y vicerrectores académicos de nueve casas de estudio que tienen las clases paralizadas acudieron a una reunión con el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, para proponerle mediar con Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela y el ente gubernamental con el fin de llegar a acuerdos que permitan el cese del paro académico, trascendió de manera extraoficial.
Aunque el ministro no avaló la mediación de las autoridades universitarias tampoco las rechazó. Del encuentro quedó una invitación abierta para que hoy el titular del despacho gubernamental se siente con los rectores y gremialistas a negociar el problema salarial que denuncia Fapuv después de la reunión del Consejo Nacional de Universidades, pero aún Fernández no había confirmado su asistencia al cierre de esta edición.
Keta Sthephany, secretaria de Actas de Fapuv, recordó que desde hace un mes el gremio no dialoga con el ministro y acotó que después de aprobarse la segunda convención colectiva única hubo un intento de renegociación que solo tuvo dos encuentros sin resultados, lo cual quedó por escrito, pero no se niegan a un nuevo encuentro en presencia de los rectores.
La Fapuv exige que los docentes auxiliares perciban un sueldo como personal técnico y no como bachilleres, se reconozca el carácter salarial del bono doctoral, que la prima de antigüedad también se le otorgue a profesores y no solo al personal obrero y administrativo, y recuperar la interescala entre los escalafones de los profesores universitarios que fueron modificados en esta convención.
Otro tema que mantiene la paralización de clases es la falta de insumos y presupuesto para cubrir las providencias estudiantiles de 10 universidades que aún no comienzan clases, pero Sthephany manifestó que esa negociación la deben llevar a cabo los rectores de cada casa de estudio; sin embargo, este aspecto no fue planteado por las autoridades en el encuentro con Fernández que se sostuvo ayer.
El 3 de noviembre los diputados oficialistas a la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo para sugerir que el gobierno demande ante el Tribunal Supremo de Justicia a las autoridades universitarias por “perjuicios al Estado” y se realice una auditoría a las universidades con actividades paralizadas. (El Nacional)
