La Asociación Civil Movimiento Vinotinto presentó este miércoles 18.11.20155 el informe “Afectación del debido proceso hacia los destinatarios de la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos en el contexto de la guerra económica”. El estudio contempla el período 2013-2015 y establece una diferenciación en cuanto a derechos socioeconómicos y el ilícito comercial.
En el documento se analiza que el impacto de la ley no sólo limita el ejercicio pleno de los derechos económicos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que su aplicación ha afectado derechos civiles y políticos.
“El tema con la Ley Orgánica de Costos y Precios justos no solo violenta y contraviene, el Estado de Derecho, el Debido Proceso, La Constitución Económica, El Régimen Socioeconómico Constitucional, sino los cimientos propios de una economía que cada día se deteriora más, y que afecta la estabilidad emocional del venezolano”, contempla el informe elaborado por Manuel Virgüez, abogado.
Movimiento Vinotinto recuerda el caso de la joven Yossul Urdaneta, quien vive en la ciudad de Maracaibo. “Es el caso, que el día 10 de julio de este año, la ciudadana Urdaneta entró a un local ubicado en la avenida Fuerzas Armadas, al norte de Maracaibo. No pudo comprar nada. Lo mismo le pasó al día siguiente en un supermercado de un Centro Comercial. La gerencia de ambos establecimientos no le permitió llevarse los productos que requería porque no pudo activar la captahuella dispuesta en las cajas. Y es que Yossul nació sin brazos, así lo certifica un carnet emitido por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis). En su cédula de identidad también se especifica su condición”.
Ley de Precios Justos viola derecho al debido proceso
Sobre la violación al debido proceso, Movimiento Vinotinto denuncia que éste es vulnerado por dos aspectos fundamentales, “el primero de ello es la discrecionalidad que establece los tipos penales, donde en algunos de los delitos no se establece de manera clara y expresa, convirtiéndolos en una especie de plastilina jurídica que puede adecuarse en distintas formas, colocando en estado de indefensión a quien presuntamente está siendo investigado por un presunto ilícito comercial”.
En segundo lugar –recoge la asociación- “la LOPJ establece una alta penalidad, lo cual ya de por sí, ningún juez puede según el actual COPP, otorgar una medida cautelar o una medida menos gravosa a todo delito cuya pena sea superior o igual a 10 años de presidio, como lo es el caso del Contrabando de Extracción el cual es sancionado con una pena de 14 a 18 años, penalidad que es prácticamente la misma o al menos muy cercana a la del Homicidio por Motivos Fútiles e Innobles.”
La ley además restringe el derecho a la justicia, el derecho a la manifestación, al reclamo laboral y la protesta a través de organizaciones gremiales y el derecho la propiedad. Tal fue el caso del presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines, Fray Roa, quien tras denunciar la baja en el inventario de licores en el país producto de las limitaciones en el acceso a las divisas, fue detenido acusado de orquestar un presunto plan para destabilizar al gobierno nacional.
Propuestas y Exigencias ante los organismos públicos:
- La revisión de todas las causas penales existentes desde la Ley Para el Acceso de las Personas a los Bienes y Servicios, hasta la actual Ley Orgánica de Costos y Precios Justos.
- Declarar la nulidad o amnistía de los procesos penales en curso y finalizados en este periodo 2010 – 2015, con especial atención los del periodo finales 2013 – 2015, por vulneración del debido proceso y vicios de inconstitucionalidad de sobretodo de la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos.
- Asignar una comisión integrada por organismos independientes, la Defensoría del Pueblo, Diputados de la actual AN o la que entre en vigencia en enero de 2016, en calidad de comisión mixta.
- La Libertad inmediata de todo aquel que estuviese privado de libertad con alguno de estos tipos penales de la ley o de cualquier otra ley penal que hubiere sancionado a cualquier ciudadano en este contexto, siempre y cuando se le haya vulnerado el debido proceso.
- El cese de allanamientos y violación del domicilio por parte los cuerpos de seguridad del estado, SUNDDE, Guardia Nacional Bolivariana, Policías Regionales, CICPC, SEBIN.
- La restitución de aquellas propiedades arbitrariamente ocupadas en procedimientos viciados, donde el patrimonio sea viablemente resarcible
- La derogatoria y revisión de la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos y la Derogatoria y Revisión de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.
- La exigencia de la no participación por ningún motivo de la Guardia Nacional Bolivariana cualquier componente de la FANB y/o policía administrativa o de investigación, salvo que no sea para el resguardo del orden público en desordenes generalizados.
- Que el Gobierno Nacional reciba tanto a los representantes empresariales como Fedecamaras, Consecomercio, Conindustria, Polar, como los representantes de los consumidores como Cavidea o Anauco y a todos los sectores para buscar solución a la crisis económica venezolana.
- Que se haga un exhorto a Policías, FANB Jueces y Fiscales a no seguir aplicando la LOPJ, mientras se revisa y se sustituye por una Ley que ampare al consumidor, pero que garantice la producción.