El próximo miércoles, el Presidente hará publica su decisión sobre el contenido del decreto nº 3, luego de haber escuchado a las elites políticas, religiosas, étnicas, económicas, intelectuales y no gubernamentales. Tal decisión puede animar el proceso constituyente o pasmarlo en su etapa actual: la fase de discusión en torno a la ingeniería electoral y a las reglas del juego de la Asamblea.
Desde el 2 de febrero hasta la fecha, el debate político nacional se ha centrado en las preguntas 1 y 2 del artículo 3 del decreto presidencial de convocatoria al referéndum para la constituyente. ¿Asunto de forma?. Sí. Pero en la «forma» de la Constituyente va algo del «fondo» de la misma y, en este sentido, el debate en curso es un debate importante. No obstante, ha durado más de lo deseable y ha opacado dos asuntos de importancia aún mayor. El primero de ellos, es la exposición de los diversos proyectos de país que se confrontarán en la Constituyente y, el segundo, el modo en que la sociedad participará de las decisiones del proceso constituyente. ¿Cómo salir de esta etapa y avanzar a las siguientes?. En primer lugar, hay que reconocer que el período actual ha sido fructífero en críticas y propuestas, y ha mostrado una sociedad que comienza a reencontrarse positivamente con la política como modo de construcción de proyectos colectivos y como reivindicación de la necesidad de decidir entre distintas opciones. De entre las diversas propuestas planteadas, en torno a la modificación del decreto no 3, es posible construir una que se muestre consistente con el derecho a la participación política y con los límites que establecen los derechos humanos. Son tres los ejes vinculados a esta propuesta: la decisión sobre los poderes de la asamblea, la decisión sobre las reglas del juego de la conformación y funcionamiento de la asamblea y el modo de legitimación de la nueva Constitución.
En el primer eje se enfrentan quienes temen que una Asamblea plenipotenciaria se convierta en un mecanismo de gobierno despótico y quienes, por otra parte, consideran que sólo con poderes superiores a los Poderes Establecidos la Asamblea podrá realizar los enormes cambios institucionales que reclama el país sin la amenaza de sabotaje a este proyecto por parte de quienes se vean afectados por sus resultados. Tales opciones, sin duda irreconciliables, deben ser, a nuestro entender, sometidas a la decisión del pueblo. De esta manera, todos y no sólo las elites podremos decidir si queremos una Constituyente para redactar un nueva Constitución o si queremos una Constituyente para crear un nuevo ordenamiento jurídico. En este último caso, empero, deben estar explicitados algunos límites de ese poder constituyente: los derechos humanos, que son irrenunciables, previos y superiores a cualquier ordenamiento jurídico; el derecho a vivir en una sociedad democrática; la inalienabilidad del territorio y la autodeterminación de la nación venezolana.
El segundo eje del debate tiene un sub-eje fundamental. Se trata del modo de elección de los constituyentistas. Este eje esconde el temor de unos y la aspiración de otros, en relación con el control mayoritario de la Asamblea por una fuerza política. Temores y aspiraciones, traducidos en opciones de mecanismos electorales, deben, igualmente ser sometidos a la consulta del soberano. Que el pueblo decida, pues, entre las opciones mayormente planteadas, cuáles serán las bases para la elección de los constituyentistas, cuál el tiempo de la Asamblea y cuál el número de constituyentistas. El resultado, con perdedores y ganadores, será expresión de la voluntad de la población y ello siempre es ganancia para la democracia.
El tercer eje anticipa un tema prioritario del proceso constituyente. Es el primer paso en el diseño necesario de una ingeniería de participación de la sociedad en la discusión y decisión del proyecto de país que resultará de la Constituyente. El decreto de convocatoria debe explicitar que la Constitución que resulte del trabajo de la Asamblea será sometida a la aprobación o desaprobación del pueblo mediante referéndum. De esta manera, el pueblo recuperará el protagonismo que coyunturalmente delegará en la Asamblea.
La consecuencia de la delegación de las decisiones importantes en las elites nacionales, es la ausencia de participación de la sociedad. Esta propuesta, que ya tiene, en algunos puntos, acuerdos entre los sectores políticos, saca el debate de las elites y lo lleva a la sociedad. Estimula por ello, el empoderamiento de está, lo cual es una clave sine qua non del éxito del proceso constituyente, pues sin un pueblo que sea creador del nuevo proyecto de país no habrá posibilidad cierta de que luego sea actor-constructor del mismo.
Un gobierno que se entiende a sí mismo como revolucionario, no sólo debería respetar el derecho humano a la participación política, sino además promover su ejercicio, pues en ello va una apuesta estratégica: la construcción de un pueblo organizado, protagonista de su propia historia, con conciencia de su dignidad y capacidad para defenderla más allá del gobierno de turno. Es éste el reclamo que muchos sectores sociales, y no solo ni tanto, los partidos tradicionales le hacen hoy al gobierno.
Chávez daría una lección de nuevo estilo político, escuchando las críticas y cualificando su decreto a partir de las propuestas surgidas. Si el miércoles esto sucediera, saldríamos de la etapa del pasmo y entraríamos en la de la levadura. Discutiríamos, por fin, el país que deseamos y el modo en que todos nos vamos a involucrar en su diseño.
Antonio J. González Plessmann
Coordinador del Área de Información
Provea
