La anunciada intervención de la Policía de Lara por parte del MPPIJ, es parte del plan político anunciado por el propio presidente; el desmantelamiento y por ende apoderamiento, de toda la estructura que conforma el llamado poder regional.
Al Estado o mejor dicho a una camarilla de beneficiosos, que más allá del último decenio, han engordado el patrimonio personal y vaciado las arcas nacionales y que acompañan y adulan con vítores y aplausos cuanta actuación realice el presidente-jefe-comandante como lo califica el primogénito de la revolución en Lara Luis Jonás Reyes Flores, puede resultarle lo que en el argot castrense se llama un tiro por la culata.
Recordemos que fue el propio MPPIJ, quien meses atrás impidió mediante la “oportuna” promulgación de la Ley del estatuto de la Función Policial, que más de quinientos funcionarios acusados de múltiples delitos, como homicidio, secuestro, extorsión, entre otros, a quienes ya se les habían instruido expedientes para su destitución, fueran expulsados del cuerpo policial del estado Lara.
El Plan Bicentenario tan cacareado por el gobierno nacional, no puede ocultar la gran marea roja que envuelve semana tras semana de luto al país, y que demuestra la ineficacia de su lucha contra la delincuencia. En Lara ya se cuentan más de 70 homicidios y más de veinte secuestros (denunciados) en el primer trimestre del año. Todo ello da cuenta del rotundo fracaso del DIBISE que sólo el General Bohorquez se empeña en negar atribuyendo las supuestas “fallas” a la falta de colaboración de la FAP-Lara, donde él mismo junto a funcionarios del alto gobierno y las autoridades municipales promueven protestas a las puertas del comando policial, con una veintena de funcionarios, activos y regulares, que desprestigian con su sola presencia cualquier reclamo u acto reivindicativo.
Estas actuaciones rayan en el descaro, pues no puede el sector investigado, condenado en algunos casos, pero a fin de cuentas incursos en graves irregularidades venir a clamar por una reivindicación de la impunidad.
En gestión de gobierno del clan Reyes, conformó las más peligrosas mafias parapoliciales que hayan existido en la entidad, con ramificaciones en el Ministerio Público, el Poder Judicial, y en éste momento instalada en el propio Palacio de Miraflores.
Todo ello forma parte de una argucia más para arrebatar otra cuota de poder a la Gobernación del estado Lara, la cual pasa por el manejo de las empresas básicas y de servicios, con las que se generarán cuantiosas inversiones. Este es el verdadero fin que persigue la designación de un Consejo Federal de Gobierno, y una arremetida más de la acostumbrada discrecionalidad que ejerce el gobierno nacional a la hora de entregar a sectores económicos afines a ellos, el manejo de las inversiones que en materia de agua, principalmente, realizarán en el estado Lara.
Tales decisiones son una bofetada al soberano, al desconocer a las autoridades legítimamente electas, por un consejo de facto, que tras una gestión gris y carcomida por la impunidad, es encabezada por el vicepresidente-ministro Luis Reyes Reyes, y toda una cohorte de cómplices entre los que destaca el ahora general Rodríguez Figuera.
En Tribunales, en Defensorías Públicas, en las Fiscalías, en la Asamblea Nacional, en el propio Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia, rebosan expedientes, denuncias y averiguaciones inconclusas sobre Jesús Armando Rodríguez Figuera. Este peligroso sujeto que aún siendo coparticipe de masacres, ejecuciones, siembra de drogas, se atrevió a amenazar públicamente a los parlamentarios regionales que lo investigaron entre ellos, Víctor Martínez, cuyo hijo Mijail, fue víctima de un alevoso sicariato en el mes de noviembre de 2009, Nelson Pineda y Freddy Pérez, quienes conocen muy bien los costos políticos y personales que han debido enfrentar al denunciar al tenebroso jefe policial.
Jesús Armando Rodríguez Figuera convirtió a la policía de Lara en un cuerpo al servicio del delito, el narcotráfico, la gavilla y el parapolicialismo. Sus promotores directos eran el presidente del Consejo Legislativo y el propio gobernador; padre e hijo, impidieron su investigación y posterior enjuiciamiento, al contrario fue ascendido a general y condecorado en un ignominioso acto por Luis Reyes. Su esposa, abogada con un alto cargo en una universidad privada de la región, debe tener en los expedientes de su marido, un nutrido material de estudio para todo posgraduado en derecho penal y fundamental.
El nombramiento de Luis Ramón Reyes Reyes, como jefe de las intermisiones, trae consigo el retorno de Rodríguez Figuera y de su tribu de sicarios a las FAP-Lara, y es un retroceso en el tímido avance logrado por el gobierno regional al lado de las organizaciones de DDHH. Vemos así como el proceso de administración de justicia se reduce a engavetar toda investigación que los involucre y eliminar testigos y evidencias.
Las FAP-Lara, requieren una exhaustiva investigación donde prive la transparencia. Todo fiscal que ha intentado investigar a funcionarios involucrados en delitos en la sede del comando ha sido objeto de los mayores escarnios y persecuciones, sin que poder municipal, regional y nacional alguno, intervenga. La presencia de un cuerpo policial sano, honesto y técnicamente apto, en la calle, es una de las grandes entelequias de un gobierno que en la práctica se encuentra subordinado al delito.
La primera autoridad del estado Lara para ese entonces, hoy quiere jugar a la inquisición; conduciéndonos a todos a una hoguera, alimentada con cerros de prontuarios y expedientes que dan cuenta de sus delitos y donde a la vez, se cocerán los escasos derechos con los que aún contamos.
El Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara nació hace cinco años, de forma natural, como una organización que agrupaba víctimas y familiares que comenzaron hacer sus rostros comunes en los pasillos de fiscalías, tribunales y cuerpos policiales. Hoy es una organización comprometida con la defensa integral de los derechos humanos y un frente por la búsqueda de la equidad y justicia, ante un Estado que promueve la impunidad.
Si la FAP-Lara pudiese ser depurada, esto obviamente ha de ser sin la intervención de los investigados. Muchas comisiones se han nombrado en las que han participado las víctimas, quienes han expuesto ante la vista pública el manual de impunidad que cargan sobre sus espaldas, sin embargo las correcciones no han sido tomadas. El deterioro del cuerpo policial es tal, que los “honestos” que deberían existir no se pronuncian y avalan con su silencio las situaciones extremas.
Por otro lado, la impunidad se asienta en los medios que se hacen eco de las estrategias que desarrollan para desvirtuar y distorsionar los hechos. Las cifras de homicidios y plagios representan una parte de la realidad. Más del 50% de los secuestros no son denunciados y si de homicidios y desapariciones se trata, debería sumarse un 20% a las cifras divulgadas.
Llamamos a todas las organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, religiosas. A los familiares de víctimas de delitos a enfrentar en todos los escenarios la pretendida medida del MPPIJ de intervenir las FAP-Lara, encabezada por quienes aun siguen siendo victimarios impunes de cientos de violaciones a los DDHH. Más aún, pedimos al propio Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia que reabra las averiguaciones que sobre el general Jesús Armando Rodríguez Figuera reposan en ese Despacho y le dé al país y a sus cientos de acusadores, respuesta sobre sus actuaciones.
Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara, 05.04.2010
