Hoy hay mayor cantidad de personas pobres que en 1998, la inflación más alta del planeta, mientras la escasez y el desabastecimiento de comida, colocan al país muy por debajo de los estándares internacionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional (SAN)
Con la frase «el hambre perpetua la pobreza», Kofi Annan alertaba sobre el problema en junio de 2002, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después. Transcurridos más de 10 años de aquel evento, si bien es terrible que la esencia de ese mensaje siga vigente en buena parte del planeta, lo es también para Venezuela, país de la región que tuvo en el pasado reciente condiciones para contribuir al logro de los Objetivos del Milenio (ODM).
Durante los últimos tres lustros, Venezuela no sólo exhibió un importante liderazgo político internacional, sino que contó con un alto precio del barril petrolero. Con las reservas petroleras más grandes del mundo el balance global de la gestión pública de su gobierno en ese período, arroja que no se implementaron soluciones estructurales a la pobreza y al hambre.
A pesar que el gobierno de Chávez experimentó opciones para enfrentar la pobreza y el hambre -supuestamente diseñadas desde una visión de izquierda-, la verdad es que los ensayos populistas y los errores cometidos desde una administración infectada por la corrupción y el clientelismo partidista, condujeron al empeoramiento del cuadro social y económico de la mayoría de la población.
En cifras eso significa que Venezuela está muy lejos de los ODM. Hoy hay mayor cantidad de personas pobres que en 1998, la inflación más alta del planeta, mientras la escasez y el desabastecimiento de comida, colocan al país muy por debajo de los estándares internacionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
Si bien el plazo de realización de los ODM fue fijado por la ONU para 2015, la revisión de las cifras presentadas por el gobierno nacional ante el Comité del PIDESC el año pasado en Ginebra, revela que la extensión de la pobreza representa una de las más generalizadas violaciones a los derechos humanos. Venezuela además de incrementar la proporción de personas que sufren hambre, aumentó la cantidad de gente cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario. La generación de empleo productivo y de trabajo digno retrocedió dramáticamente, al tiempo que la mano de obra femenina y joven son las principales excluidas de trabajos en condiciones decentes y se observa el silencioso pero impactante crecimiento del trabajo infantil.
Esta crisis hace imprescindible un gran acuerdo entre las organizaciones sindicales y sociales, el gobierno nacional y el sector empresarial, para impulsar un plan de lucha sostenida contra el hambre y la pobreza. La iniciativa del restablecimiento del diálogo social sobre todo en materia laboral debería ser impulsada por la AN, como institución representativa de la participación ciudadana en el debate político y en la contraloría a la conducción del Estado.
Provea sigue auspiciando el diálogo entre los factores políticos que hegemonizan la dirección de los diversos poderes públicos del Estado, habida cuenta de la modificación en la correlación de fuerzas producto de los resultados del 6-D. Pero también advierte que no será sólo con medidas monetaristas, fiscales o con el aumento de la gasolina que se alcanzarán soluciones estructurales al grave problema del hambre y de la pobreza en el país. Si estas opciones se adoptan sin un enfoque de derechos humanos y sin políticas sociales, se profundizará la crisis y se ocasionará más pobreza.
