Hace un año atrás voceros oficialistas y opositores coincidían que, ante la difícil situación del país, era perentorio aplicar medidas de ajuste estructural. Incluso, un vocero del llamado altermundismo como Edgardo Lander, reacio a los paquetes económicos en foros internacionales, en nuestros predios se sumaba al coro de voces que alentaba aumento de la gasolina y devaluación de la moneda. Curioso consenso, que esperaba el momento político propicio para realizarse.
El gobierno, después de haber realizada una campaña promocional para la subida de los combustibles, costosa como cualquier iniciativa de marketing masivo, aún no encuentra el momento para tomar la decisión. Por su parte la oposición, conocedora del costo político de las medidas, tras el 6-D no opina públicamente sobre el tema.
Tarde o temprano, parece, se aplicaran medidas de ajuste macroeconómico que en la dimensión micro, la que vivimos el común y corriente, pagaremos todos. Cuando uno se asoma a los entornos del PSUV o la MUD la decisión está tomada. La disputa es quien debería pagar los platos rotos y en qué momento: Si Maduro, la MUD o un gobierno de transición.
Quienes no somos Estado, y no tenemos ninguna intención de serlo, deberíamos tener un posicionamiento diferente: La razón gubernamental que la asuman otros. Nuestro lugar es al lado de quienes padecerán, y nosotros con ellos, el costo de una serie de malas decisiones en materia económica, empobreciendo su ya precaria calidad de vida. Por ello nuestra oposición a la implementación del coloquial “paquete”, que según maduristas y opositores debería adelantarse sin pensar en sus consecuencias sociales.
Pongamos por ejemplo el caso del aumento del precio de la gasolina. Sin transparencia en el manejo de recursos o un debate sobre cuáles deberían ser los énfasis presupuestarios de los ingresos adicionales, no se garantiza que su destino sea diferente al de la piñata rentista de años recientes. Si un buen porcentaje de los mismos no se canaliza a un efectivo plan de mejora del transporte público, cuyos perfiles sean delineados también por los usuarios y los gremios asociados, seguiríamos gobernando para los intereses privados del transporte particular, alejados de cualquier noción de socialismo o de interés público.
Si no se incorpora la dimensión del transporte público –disponible, accesible, no discriminatorio, seguro, sostenible y de calidad- en la discusión sobre el precio de los combustibles, seguirá siendo ficción la retórica sobre el fin de la economía rentista. El fin del estímulo al automóvil particular, alrededor de cuyo eje es el debate simplón de gasolina barata o cara, también tiene exigencias medioambientales. Mitificada por la revolución e intocable para quienes argumentan que es la chequera de las misiones, debemos señalar a PDVSA como una de las principales contaminantes del país, cuyos pasivos ambientales deberían comenzar a ser contabilizados dentro de sus costos de operación. ¿Hablamos de estos temas como caballeros o como lo que somos?.
@fanzinero
