En la Asamblea Nacional se adelanta la elaboración de un proyecto de amnistía. Organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal, partidos políticos como Voluntad Popular al cual pertenece el conocido dirigente Leopoldo López e individualidades del mundo académico han presentado propuestas. El Presidente de la República Nicolás Maduro viene expresando que no dará el visto bueno a una Ley de Amnistía y junto a él otros voceros del Ejecutivo Nacional. No se conoce la opinión del Defensor del Pueblo ni de la Fiscal General.
Provea está convencida, como lo está una buena parte de la población, que una Amnistía haría justicia para hombres y mujeres encarcelados o perseguidos por oponerse al gobierno o participar en procesos de exigibilidad de derechos. Más de 5000 personas desde el 2005 se encuentran sometidas a procesos penales por participar en protestas. Sindicalistas, lideres vecinales, campesinos, estudiantes, integrantes de gremios profesionales, entre otros. En mucha menor cantidad se encuentran otras personas encarceladas por participar en protestas. Otras se encuentran detenidas o perseguidas por haberse rebelado contra el gobierno del expresidente Chávez o el actual presidente. En este caso nos referimos a militares y civiles que participaron el el Golpe de Estado de 2002, en la Huelga Petrolera de 2003, en las protestas de 2013 contra el resultado de las elecciones presidenciales o en las protestas de 2014 encabezadas principalmente por el movimiento estudiantil.
En la convulsionada situación política que ha vivido el país por más de una década con altos niveles de polarización, intolerancia, falta de diálogo eltre gobierno y oposición, se han producido hechos violentos que produjeron homicidios. En esos homicidios aparecen involucrados civiles, policías y militares. Vale recordar los más de 30 asesinatos que se produjeron en los sucesos del 11, 12 y 13 abril de 2002, así como las 43 vícitimas que se produjeron en las protestas del año 2014.
Provea es del criterio que la Amnistía no debe ni puede abarcar a personas que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos o estén investigadas directamente por homicidos en el contexto de protestas o por motivaciones políticas.
La Amnistía debe ayudar a la reconciliación nacional, pero no puede favorecer la impunidad. Cientos de familiares de víctimas esperan se haga justicia. Que los responsables de los asesinatos de sus familiares sean detenidos, juzgados y condenados.
En los últimos 15 años han sido dictadas dos amnistías. Una en el 17.04 2000 y otra en el 31.12.2007. La Amnistía del año 2000 benefició fundamentalmente a políticos de izquierda y luchadores sociales de las décadas de los años 60.70.80 y 90 del siglo pasado.
“A favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos, o conexos con delitos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos.»
La de diciembre de 2007 incluyó 13 categorías de hechos relacionados con el Golpe de Estado de 2002, es decir, benefició a algunas personas procesadas o condenadas que insurgueron contra el gobierno de Hugo Chávez. No incluyó a quienes estuvieren solicitados por esos hechos y no se hubiesen presentado a enfrentar el proceso. Tampoco incluyó a todos los perseguidos por el paro petrolero de 2002-2003.
El proyecto de ley que que se sigue discutiendo en una comisión donde participan parlamentarios y ONG antes de ser presentado a la plenaria de la Asamblea Nacional abarcaría a perseguidos políticos desde el año 1999 incluiría a quienes participaron en el Golpe de Estado de 2002, Paro Petrolero, protestas sociales por exigibilidad de derechos, protestas con motivaciones políticas, líderes sociales y políticos sometios a procesos irregulares con motivaciones políticas.
Excluiría a funcionarios quienes hayan cometido delitos graves a los derechos humanos o delitos contra el dinero público.
No queda claro en el proyecto lo referente a particulares que haciendo uso indebido de armas de fuego u otros elementos causaron la muerte de personas en el marco de protestas o actuaron por motivaciones políticas. En nuestra opinión, nadie investigado por homicidio en el marco de protestas o por motivaciones políticas debe ser favorecido con una ley de amnistía pues ello significaría favorecer la impunidad.
Las amnistías en el pasado reciente ayudaron a hacer justicia frente a persecuciones indebidas por razones políticas y la amnistía que debe producirse pronto en Venezuela debe lograr ese mismo objetivo y contribuir a la paz y la reconciliación nacional.
Publicado en el 21° Boletín Internacional de Derechos Humanos de Provea
