Este 19.02.2015 Omaira Del Carmen Ramírez y sus dos hijos, acompañados del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, interpusieron una Acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, por haber violado por vía de hecho y con violencia su derecho constitucional a una vivienda digna consagrado en el artículo 82 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con el artículo 23 de la Carta Magna; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Omaira del Carmen Ramírez, beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Tanaguarena, estado Vargas, denunció el pasado 11.09.2015 haber sido víctima de desalojo forzoso e ilegal de su vivienda la tarde del 24.08.2015 a manos de funcionarios del Instituto de Vivienda de Vargas (INVIVAR) y la policía regional de esa entidad en el contexto del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) realizado en el referido sector. Ramírez quien estuvo refugiada durante cuatro años en el Batallón Lanza de Fuerte Tiuna, en Caracas, habitaba el apartamento desde hace un año. Junto a sus hijos recibió la orden de desalojar en 20 minutos la vivienda bajo el argumento de que no la habitaba de forma regular. Relata que inmediatamente otra familia fue alojada en el inmueble y que INVIVAR justificó la medida alegando que el inmueble se encontraba en tan óptimas condiciones que no se podía presumir que alguien lo estaba habitando.
En el escrito presentado hoy ante la Sala Constitucional del TSJ, Ramírez relató: «Los funcionarios sin presentar ninguna orden de allanamiento emanada por algún tribunal ingresaron de manera violenta a mi apartamento violentando la puerta puesto que no me encontraba en ese momento. Una vez ocupado militarmente el apartamento y ya yo presente junto con mis dos hijos me ordenaron en tono amenazante y humillante que tenía veinte minutos para desalojar mi vivienda. Y efectivamente en menos de treinta minutos fuimos desalojados mis hijos y yo sin permitirme sacar varias pertenencias. En el momento de los hechos, los funcionarios policiales me indicaron que el desalojo se producía porque según ellos uno de mis hijos era “mala conducta”. Debo precisar que ninguno de mis hijos mayores tiene antecedentes penales y los funcionarios no realizaron contra ellos ninguna actuación policial ya que no tenían motivos para hacerlo. Una vez realizado el desalojo violento ningún funcionario del Estado venezolano me ofreció alternativa de abrigo para mis hijos y mi persona quedando absolutamente en la calle y dependiendo de la solidaridad que me fue prestada por los vecinos en el momento. Nos dejaron en una situación tal que no sabíamos ni dónde íbamos a dormir ni para dónde íbamos a llevar las pocas pertenencias que nos permitieron sacar.»
Omaira Ramírez señaló al TSJ que la violación de su derecho a la vivienda ocurrió hace menos de seis meses y que la misma no ha cesado, destaca además que el derecho violado es reparable en términos inmediatos y por lo tanto se puede restablecer su situación jurídica infringida. Solicitó a la Sala Constitucional, que de conformidad con el artículo 2 de la CRBV imponga justicia teniendo como norte la preeminencia de los derechos humanos y el interés superior de niños y niñas, y en consecuencia «ordene al ministro Gustavo González López que realice las gestiones pertinentes para que en el menor tiempo posible les sea entregado el apartamento del cual fueron desalojados o en su defecto uno de iguales condiciones, restableciendo su derecho constitucional a la vivienda».
«Queremos llamar la atención de Uds., ciudadanos y ciudadanas Magistrados y Magistradas que como familia humilde hemos sido una de las tantas familias excluidas por la situación de pobreza que hay en el país. Nos entusiasmó haber recibido del Estado en su oportunidad una vivienda digna y es triste y lamentable que sea el propio Estado a través del Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia en la persona del ministro agraviante quien nos haya llevado a la situación de vulnerabilidad y desasosiego en la que hoy nos encontramos, lo cual constituyó un acto de regresividad en el disfrute de nuestros derechos. Está en su conciencia ciudadanos Magistrados y Magistradas la correcta administración de justicia para que en cumplimiento de la Constitución cumplan con el mandato del artículo 2 de la Constitución y ordenen la restitución de nuestro derecho», dice el escrito.
Razzia contra los pobres y el derecho a la vivienda
Desde el comienzo del OLP Provea ha dicho que no hay antecedentes en Venezuela de un operativo policial que haya tenido un impacto tan negativo en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada. Miles de desahucios y desalojos forzosos y arbitrarios de viviendas de la GMVV; centenares de viviendas demolidas y otras miles allanadas ilegalmente, es el saldo que, en cuanto a la afectación de derechos sociales, ha dejado esta razzia policial-militar dirigida por el Ministro González López y que comenzó en julio del año pasado.
Provea recuerda a las autoridades del Estado que los desalojos forzosos constituyen una práctica contraria al derecho a la vivienda adecuada y de acuerdo a lo señalado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU en su Observación General N° 4 son incompatibles con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y “(…) sólo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional”. Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia de la vivienda que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.
Junto a las víctimas seguiremos denunciando las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del llamado «Operativo de Liberación del Pueblo».
