En declaraciones periodísticas la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a nuestras críticas al protocolo con el que las fuerzas de seguridad responderán a las manifestaciones. Dijo: «El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes.” Además, Bullrich volvió a enviar un mensaje de tolerancia hacia la represión a la murga en el Bajo Flores.
En la puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” están en juego aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Por lo tanto, nos proponemos darle continuidad a este debate iniciado, precisamente, porque hemos leído el Protocolo y porque, a partir del trabajo que llevamos adelante, podemos dar cuenta de las consecuencias que tendrá.
El gobierno nacional considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad. En nuestro país, el corte de calles y la ocupación de espacios públicos tienen una larga tradición como método de lucha social. Lamentablemente, también tenemos una larga historia de represiones a protestas sociales en las que las fuerzas de seguridad asesinaron a muchos manifestantes o los hirieron gravemente. Esa historia explica que distintas medidas tomadas entre 2002 y 2011 prohibieran que los efectivos portaran armas de fuego y establecieran que las balas de goma no pueden ser disparadas al cuerpo de las personas para que desalojen un espacio.
El nuevo protocolo no prohíbe la portación de armas de fuego de los policías que pudieran entrar en contacto con manifestantes. Bullrich pretendió aclarar esta omisión diciendo que los efectivos de seguridad que se encuentren en la primera línea de la represión utilizarán “armas no letales”. Sin embargo, no hay ni en el texto de la resolución ni en las declaraciones de la ministra ninguna referencia a con qué criterios se utilizarán estas armas ni qué controles habrá. Se trata de un cambio de política alarmante ya que las llamadas “armas no letales” producen heridas graves y pueden matar, como ocurrió en el caso del maestro Carlos Fuentealba en 2007.
Hemos visto las consecuencias de que las fuerzas de seguridad prioricen el desalojo del espacio público por encima de la vida y la integridad física: en diciembre de 2001, más de 35 personas fueron asesinadas en todo el país, en 2010 dos personas fueron asesinadas en el Parque Indoamericano, en 2013 decenas de personas fueron heridas en el desalojo del Borda y de la sala Alberdi. En todas estas ocasiones el registro fotográfico y audiovisual fue fundamental para denunciar e investigar los hechos y las responsabilidades de los funcionarios. El nuevo protocolo también restringe esta posibilidad al limitar la tarea de los trabajadores de prensa en la cobertura de las protestas.
Como señala Bullrich, hemos participado en la elaboración de los criterios de actuación en manifestaciones públicas volcados en la resolución 210/2011. Ese protocolo es muy distinto a éste, ya que prohíbe el uso de armas de fuego y de municiones letales y restringe el uso de balas de goma. En los últimos años, estos criterios no siempre se aplicaron y en todos estos casos hemos criticado los operativos violentos. Lo mismo hemos hecho con los proyectos de ley de distintas fuerzas políticas que se proponían establecer restricciones al ejercicio del derecho a la protesta y que no establecían controles adecuados.
El Protocolo refleja un cambio de enfoque que prioriza la represión de las protestas sociales sin tomar ningún resguardo respecto a la integridad física de las personas, criticando incluso que el gobierno anterior sancionara a los efectivos que cometían abusos durante los operativos.
Este cambio de enfoque también puede verse en las declaraciones de la ministra sobre la represión por parte de la Gendarmería a la murga en el Bajo Flores: un mes después de que efectivos de esa fuerza dispararon y lastimaron a niños que participaban de una murga, la ministra responsable de la conducción de esa fuerza todavía no condenó a ese accionar. No solo eso, a la pregunta del periodista “¿Las fuerzas de seguridad están entrenadas para resolver marchas sin exceso de violencia, como pasó en la Villa 1-11-14?”, la ministra respondió “Vamos a ver”.
Como bien ha dicho la ministra, estamos frente a un cambio de paradigma. La protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales. No se trata de obstrucciones caprichosas, ni de cuestiones retóricas. Se trata del compromiso con la defensa de los derechos humanos y la vigencia de los principios democráticos.
