Opinión: el abril que no debe repetirse

El próximo domingo se cumplirán ocho años de los trágicos sucesos del 11 de abril de 2002. Trágicos no sólo por los asesinatos que ese día se cometieron, sino también por la estocada que se le dio a la Democracia. El golpe de Estado contra el presidente Chávez paradójicamente fue planificado y perpetrado por sectores que meses antes pedían a gritos a la Organización de Estados Americanos que se aplicara la Carta Democrática Interamericana. Al llegar al poder mandaron a la basura todas las normas de dicha normativa internacional. Por fortuna la dictadura que se intentó implantar se desmoronó como un castillo de naipes. Esa experiencia indicó que no todos quienes reclamaban más democracia realmente la querían y destapó las aspiraciones antidemocráticas de algunos sectores políticos. Durante muchos años algunos de esos sectores quisieron justificar el golpe tratando de desvanecer lo realmente ocurrido llamándolo vacío de poder. A esa farsa se prestó lamentablemente un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En su momento Provea afirmó de manera categórica que sostener que en Venezuela no hubo un golpe de Estado implicaba mucho más que una táctica de oposición al gobierno de Chávez, era avalar la perpetración de futuros golpes de Estado, en tanto que el modo como se construye un discurso sobre lo que ocurrió en el pasado, incide en la construcción del futuro. La tesis del «vacío de poder» es cómplice de una vocación autoritaria y no puede ser aceptada por nadie que se precie de demócrata. La impunidad es un estímulo al delito. Ocho años después seguir reflexionando sobre lo sucedido es importante porque además están muy cerca los hechos de Honduras. Un gobierno democráticamente elegido fue derrocado por un puñado de militares con complicidad de varias instituciones del Estado. La voluntad popular fue totalmente desconocida y hoy, en una especie de «lavado de golpes de Estado», se pretende normalizar dicho país obviando la arbitrariedad cometida.

Es fundamental que quienes hoy gobiernan y quienes asumen una actitud de oposición al gobierno cumplan con los postulados de la Carta Democrática, que establece entre otros aspectos la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa; el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad; la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme a lo establecido en la Constitución. La mejor vacuna para que no se repitan aventuras como las de abril de 2002 es garantizar el funcionamiento plural de la sociedad, la autonomía de los Poderes Públicos, la canalización por vías democráticas y pacíficas de las diferencias y fortalecer la contraloría interinstitucional y la contraloría social, abriendo mayores espacios para la participación popular sin discriminación de ninguna naturaleza.