En febrero pasado, el gobierno determinó que el valor de la unidad tributaria (U.T.) para este año no tiene nada que ver con la inflación real que sufrimos en el país. Por eso, la U.T. sólo aumentó un 18%, pasando de Bs. 150,00 a Bs. 177,00. Ahora bien, ¿qué significa eso para la gente pobre? Que la población asalariada, pensionada y jubilada pagará ahora impuesto sobre la renta (ISLR). Especialmente, pagarán quienes cobran un poco más del salario mínimo nacional.
Con esta estrategia, el gobierno pretende subsanar la merma de su ingreso por la baja del precio del barril petrolero, y descargar así la crisis económica del país en los hombros de los trabajadores y trabajadoras. Dicho de forma clara: quienes tienen empleo fijo u ocupaciones por cuenta propia y profesionales y técnicos en libre ejercicio, pagarán además del IVA, el ISLR.
Se trata de millones de personas pobres sufragando un impuesto injusto y arbitrario en un país con la inflación más alta del planeta, que exhibe una pavorosa corrupción en la gestión pública (prácticamente inauditable), amparada por la más galopante impunidad. La injusticia y la arbitrariedad parten de un perverso mecanismo que se apropia indebidamente del salario. Veamos por qué.
Ahora bien, no es nueva la pretensión gubernamental de pechar todas las remuneraciones generadas por el trabajo (léase salario, vacaciones o bonificaciones). De hecho, en 2007 el TSJ había dictaminado que sólo el “salario normal” podía ser sujeto de impuesto, dejando a salvo los otros ingresos laborales y ese criterio fue reiterado por tribunales tributarios de primera instancia, en sentencias emblemáticas de 2013 y 2015. Entonces la forma de apropiarse de una parte del salario se gestó bajando el valor neto de la U.T.
De esta manera el gobierno está dando al traste con el derecho al disfrute de un salario digno consagrado en el artículo 91 de la CRBV, pues el IVA y el ISLR sacan del bolsillo del trabajador o trabajadora una buena parte de su ingreso. Además, esta medida arbitraria violenta el carácter inembargable del salario, también previsto en la norma constitucional.
El gremio docente universitario, los trabajadores telefónicos y de la estatal eléctrica, organizaciones sindicales y de personas pensionadas y jubiladas, han encendido las alarmas de la denuncia en relación a las exorbitantes cantidades que cancelarán anualmente al fisco, con base a los nuevos montos en que se calcula la U.T. Provea se suma a esta denuncia públicamente, valorando que con este método arbitrario y dada la depreciación de la moneda, se pudiera llegar a pagar entre 4 y 5 salarios mínimos al año por ISLR.
La CRBV establece el carácter no confiscatorio de los impuestos en su artículo 317, mientras que en el artículo 316 señala que el sistema tributario deberá procurar “la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población…» De allí que la desatención a este mandato coloque al gobierno nacional de espaldas a la carta magna.
Si además, a los fines de calcular el pago del ISLR, se aplica lo establecido en el artículo 107 del decreto que creó la vigente ley del trabajo, tenemos la guinda de la perversión en materia de recaudación tributaria, toda vez que esta norma señala: “Cuando el patrono, patrona o el trabajador o trabajadora, estén obligados u obligadas a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará, considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó.» Dicho de otra forma: los aumentos al salario mínimo que fueron decretados en 2015, serán retribuidos al fisco nacional por vía de impuestos.
Evidentemente, el pensamiento neoliberal es la mejor inspiración de estos mecanismos impositivos al más genuino estilo de las recetas fondomonetaristas de la década de los ´90 del siglo XX. De allí que la violación a los derechos económicos y sociales que pretende el gobierno de Maduro, nada le envidie a los predecesores gobiernos de hace 25 o 30 años atrás, pues lejos de progresividad, vamos en un total retroceso.
Como dice la conseja popular: sólo el pueblo, salva al pueblo
