La masacre de 28 mineros en Tumeremo no es la primera que ocurre en Venezuela. La búsqueda del oro comienza con la Leyenda de El Dorado, según la cual los conquistadores y colonos incursionaban selva adentro buscando una ciudad hecha de oro, donde el cotizado metal era tan abundante y común que los nativos le daban poca importancia y por eso lo cambiaban por espejitos y otras baratijas. Tras la codicia del oro, millares de indígenas que se resistieron a la dominación y el saqueo fueron masacrados y los pueblos originarios terminaron diezmados. Después de más de cinco siglos de extractivismo minero, la muerte sigue tiñendo de sangre la extracción de oro y los asesinatos de indígenas, campesinos y mineros se repiten con frecuencia.
A raíz del colapso de los precios del petróleo, el gobierno de Nicolás Maduro se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas. Y no podía ser otra su suerte. Al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y no haber ahorrado nada para encarar los tiempos de escasez, Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos extractivistas que habían sido suspendidos por Chávez
Con ese fin, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco y en un reciente encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, ofreció facilidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.
Ante la urgencia de sobrevivir, Maduro desanda el camino recorrido por Chávez y reactiva el extractivismo minero con el argumento de que así se podrán generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis que lo agobia, en esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa al modelo extractivista-rentista. Por el contrario, por esta vía se estará comprometiendo la renta que debería corresponder a las generaciones futuras. Será «pan para hoy y hambre para mañana».
Si bien con la nacionalización del oro se reivindicó frente a las transnacionales mineras la soberanía nacional sobre los yacimientos auríferos, la falta de vigilancia y control convirtió las áreas mineras en tierra de nadie, cuestión que incrementó vertiginosamente la actividad ilegal, con el brutal impacto ambiental que se expresa en miles de hectáreas de reserva forestal que fueron arrasadas y acuíferos contaminados. Y lamentablemente, los trágicos sucesos de Tumeremo nuevamente vuelven la mirada sobre la depredación y masacres que siguen ocurriendo en la Amazonía venezolana, tal como comenzó hace cinco siglos con la irrupción de la conquista y la colonización.
El extractivismo minero: camino a la indigencia
La crisis ambiental que se expresa en el cambio climático y recalentamiento global, el derretimiento de los glaciares, la acidificación de los suelos, el agotamiento de las fuentes de aguas y de muchos recursos naturales, impone redefinir las estrategias economicistas y productivistas de desarrollo que han terminado por comprometer seriamente la esperanza de vida en el planeta, toda vez que representa un grave peligro para las generaciones futuras.
Al asumir la defensa de la vida no podemos limitarnos única y exclusivamente a la vida humana. Se impone también defender a la naturaleza de la cual formamos parte inseparable, y cuya protección es una condición imprescindible para garantizar la existencia de todas las personas. Por tanto, implica reconocer los derechos de la naturaleza por encima de los objetivos y metas de desarrollo económico.
Venezuela es uno los principales reservorios de recursos naturales, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, además de gas y minerales, fuentes de agua dulce, bosques, biodiversidad y ecosistemas, tierras aptas para la producción agrícola, fuentes primarias de energía y un gran potencial para la producción de energías limpias. Un país que tiene todo lo que se necesita para lograr la soberanía alimentaria y productiva. Pero tiene pendiente aún concertar políticas y estrategias de interés común que le permitan convertir el aprovechamiento racional de esas riquezas, en la condición básica para erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.
Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos
Una y otra vez se ha planteado que nuestra mayor riqueza son los recursos naturales y que debemos explotarlos para luchar contra el hambre. Para justificar la intensificación del extractivismo se nos dice que no podemos seguir como el mendigo sentado sobre un saco de oro. Ante la urgencia de obtener los recursos financieros que permitan financiar los programas destinados a reducir el desempleo, la pobreza y la exclusión social, se justifica el modelo extractivista-rentista, pero se corre el riesgo de caer en un círculo vicioso del cual resulta cada vez más difícil salir.
Ciertamente, la renta captada por la exportación de recursos naturales ha permitido financiar la inversión social, pero no ha estimulado un crecimiento económico de calidad ni una distribución progresiva del ingreso. Por el contrario, ha traído como consecuencia un proceso de reprimarización de la economía. Como la renta no la pagan los productores ni consumidores nacionales, sino que la pagan los consumidores internacionales, la misma constituye la captación de un plusvalor internacional que luego es distribuido a favor de los factores económicos, políticos y sociales internos.
Mientras más crece la población y el consumo, mayores son las necesidades de importación y mayor el imperativo de extraer más recursos naturales para captar la renta que permita financiar las importaciones que el precario aparato productivo interno no está en capacidad de sustituir. Al no contar con una economía fuerte que garantice la soberanía alimentaria y productiva, se intensifica la extracción y exportación de recursos naturales. Pero a medida que se capta una más renta y se inyecta a la circulación doméstica, mayor suele ser la propensión a importar toda clase de productos, con lo cual se frena la producción nacional.
No se puede seguir apostando al extractivismo con el falso argumento de que éste financiará el crecimiento económico y la redistribución del ingreso. La renta derivada de las actividades extractivas no podrá financiar una verdadera estrategia de desarrollo. El extractivismo genera una abundante fuente de recursos que se destina a importar y, por lo tanto, desestimula el esfuerzo productivo nacional. Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.
En defensa de una economía emancipadora y soberana
El aprovechamiento de los recursos naturales y su incidencia en las condiciones sociales y la vida humana constituyen un aspecto crucial en la construcción de una sociedad libre de pobreza, donde la reproducción de las condiciones materiales haga posible la reproducción de la especie humana. Una condición básica para derrotar la pobreza es superar la visión extractivista que explota a gran escala los recursos naturales para exportarlos sin mayor grado de transformación, sin generar ningún estímulo para el fortalecimiento de la industria ni de las capacidades tecnológicas e innovativas locales.
La soberanía es la capacidad de ejercer el dominio y disposición del territorio, por encima de cualquier otro poder. En esta noción, los recursos naturales son parte integrante del territorio y, en consecuencia, representan una base importante para el desarrollo económico y social. Pero aun cuando su explotación sea realizada por empresas estatales o nacionales, el extractivismo refuerza la dependencia de los centros de poder mundial y reproduce los mecanismos de colonización y explotación económica que nos impusieron desde la colonia. La soberanía productiva solo se podrá lograr si la vieja práctica de exportar materias primas se sustituye por su transformación interna en productos de mayor valor agregado que permitan sustituir importaciones, diversificar la oferta exportable y generar trabajo digno y bien remunerado para nuestros pueblos.
Como apuntamos al comienzo, desde la leyenda del Dorado han transcurrido más de cinco siglos de extractivismo minero y ningún país que transitó esta ruta alcanzó su bienestar social. Aumentar la exportación de recursos naturales sin valor agregado prolonga la frontera del extractivismo y refuerza la mentalidad rentista que induce a apoyar la liquidación acelerada de los yacimientos como fuente de las rentas que se destinan a aliviar la pobreza, más no a erradicar las causas estructurales que la generan. Al no invertirse en la agricultura, industria y demás sectores productivos, a la larga se genera más pobreza, toda vez que al agotarse los yacimientos, las fuentes de agua, la biodiversidad, destruir las culturas ancestrales y generar pasivos ambientales, el extractivismo deja una herencia de desempleo, pobreza y exclusión social.
El extractivismo minero es el camino a la indigencia de las naciones que quedan sometidas a ser simples proveedores de materias primas de los grandes centros industrializados, los cuales las transforman en productos de mayor valor agregado y luego nos las venden a un precio infinitamente superior. Con la reactivación del extractivismo minero seguiremos exportando la harina para importar la arepa.
Esta fatalidad solo se podrá erradicar a medida que se impulse la construcción de una nueva economía emancipadora y solidaria bajo el control de los trabajadores directos, la comunidad organizada y la iniciativa privada que pongan límites al estatismo depredador, cuyas empresas expropiadas y estatizadas terminan secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción. Pendiente sigue superar la cultura extractivista-rentista y sustituirla por una cultura del trabajo, centrada en la creación de valor, como fundamento de un nuevo modelo productivo capaz de distribuir equitativamente la riqueza generada por todos, integrando así las actividades económicas a la vida social, en función de producir los bienes y servicios básicos y esenciales que resultan imprescindibles para satisfacer las necesidades materiales, intelectuales y espirituales de la sociedad.
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