Un profesor asistente de una universidad autónoma, a tiempo convencional, recibe un sueldo de entre 7.000 y 8.000 bolívares, mientras que un titular a dedicación exclusiva, con grado de doctor y más de 14 años de ejercicio profesional, gana 36.000 bolívares, para subsistir. “Un profesor universitario en escala está muy por debajo del sueldo mínimo actual porque lo que mensualmente percibe le alcanza a duras penas para vivir y mantener a su familia; hay que pagar los servicios de agua, luz, teléfono, medicinas y alimentación, que en muchos casos para adquirirlos a precio regulado tenemos que hacer largas colas en establecimientos y recurrir al bachaquero. Nuestra calidad de vida ha mermado porque la situación del país está difícil”, afirmó Julio Lugo, presidente del fondo de jubilaciones del personal académico de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con sede en Coro, estado Falcón.
El consejo universitario de esa casa de estudios tomó la decisión de suprimir la figura de la junta administradora del fondo de jubilaciones, fundamentada en los lineamientos de la Superintendencia Nacional de Seguridad Social y la contraloría social realizada en distintas universidades. La decisión afectaría a 300.000 docentes.
“Somos profesores activos con el derecho a una jubilación digna de 100% pagado por la misma universidad”, señaló José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, quien sirvió de portavoz en la rueda de prensa en la que exigió la aprobación del reglamento del fondo de pensiones de esa institución. Reiteró su preocupación por la situación que atraviesa la Unefm y rechazó la disposición del CNU de disolver el actual fondo de jubilaciones y pensiones de ese recinto universitario, con la intención de traspasarlo a la Tesorería de Seguridad Social. “Esto no afecta al fondo, sino al régimen, que se mantiene contributivo, universal y solidario”, dijo.
Los distintos fondos de jubilados pertenecientes a las universidades del país hicieron un llamado al gremio de profesores “a que preserven su régimen porque representa el capital social más importante de la familia universitaria”.
