(Caracas, 16.03.16) Los dramáticos hechos ocurridos en Tumeremo, estado Bolívar, en los cuales según declaraciones del Ministerio Público 17 trabajadores de la minería fueron asesinados, obligan a las autoridades venezolanas a tomar medidas efectivas para erradicar y sancionar la actuación de grupos armados involucrados en actividades extractivas.
El pasado 8 de marzo el presidente Nicolás Maduro señaló como autores de la masacre a una banda de paramilitares, integrados por personas de nacionalidad colombiana. En opinión de Provea no puede establecerse, sin culminar las investigaciones, cuáles son los posibles responsables ya que puede enturbiar una investigación seria y responsable, pues en la zona también actúan organizaciones guerrilleras colombianas y funcionarios del Estado, en complicidad con particulares en actividades ilegales.
Cuál sea la identidad de los responsables es inaceptable que organizaciones armadas irregulares controlen espacios del territorio venezolano,lo cual indica un nivel de permisividad y tolerancia de las autoridades. El Estado venezolano está obligado a sancionar a los responsables materiales e intelectuales del la masacre, pero además debe incluir medidas para erradicar la actuación ilegal de estos grupos, quienes además de operar de manera ilícita afectan e comunidades en situación de vulnerabilidad.
Como han manifestado insistentemente las organizaciones indígenas del estado Amazonas, no solamente grupos paramilitares estarían involucrados en la extracción y distribución ilegal de minerales, sino también organizaciones guerrilleras. Las organizaciones indígenas han entregado las denuncias a diferentes instancias del gobierno regional y nacional, incluyendo a las propias Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia de la República, y hasta el día de hoy no han tenido respuesta efectiva a sus preocupaciones. En diciembre del 2014 la Organización de Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA), afirmó en un comunicado que “La presencia de grupos armados no estatales, que se auto-identifican como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representa una amenaza para la vida, autodeterminación y Derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Amazonas, circunstancia que afecta, con mayor contundencia, a las Mujeres Indígenas”. Diferentes denuncias elevadas a las autoridades, cuyas copias reposan en los archivos de Provea, han alertado sobre la potencial ocurrencia de hechos de violencia contra las comunidades. A pesar de las reiteradas comunicaciones y reuniones, la actuación de estos grupos irregulares, en el caso del estado Amazonas, ha continuado hasta hoy.
Igualmente hay que recordar que, en dos oportunidades, comunidades indígenas del estado Bolívar han neutralizado a integrantes de la Fuerza Armada realizando minería ilegal de manera directa, y han denunciado la complicidad con grupos irregulares que se movilizan por los territorios donde se practica. Por estos antecedentes es importante aclarar si hubo o no participación de efectivos policiales o militares en los hechos de Tumeremo.
La discusión sobre las políticas a promover para erradicar el control territorial y las actividades ilícitas mineras por parte de organizaciones armadas es pertinente, además, por los resultados del Proceso de Paz adelantado en Colombia, que si bien es una excelente noticia para el hermano país, obliga a tomar medidas para neutralizar el porcentaje de personas que no se desmovilizarán y que intentarán continuar sus actividades en escenarios favorables. No obstante Provea recuerda que, según el artículo 30 numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. Igualmente advierte que toda acción que se realice para garantizar la seguridad en la zona debe darse con pleno respeto a los derechos humanos. En tal sentido, consideramos que la Defensoría del Pueblo debería vigilar que cualquier política se implemente con respeto a los derechos humanos.
Asimismo exhortamos al Ejecutivo Nacional a desarrollar una política integral que atienda el problema socioeconómico de las personas que practican minería en pequeña escala, garantice la preservación del hábitat de los pueblos indígenas y sus derechos así como la soberanía territorial.
Finalmente, Provea reconoce el liderazgo asumido por la Fiscalía en el esclarecimiento del caso, siendo el único vocero legitimado para difundir los adelantos de las investigaciones. En este sentido pedimos al Ministerio Público que canalice y de respuesta a todas las denuncias realizadas por familiares y sobrevivientes de la masacre, con el objetivo de aclarar lo sucedido y cuantificar la cantidad exacta de víctimas,solicitando todas las medidas de protección necesarias para que los testimonios sean suministrados sin temor a represalias.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
