Los abusos y violaciones de derechos humanos ocurridos en el marco del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) serán expuestos por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea en una audiencia que se celebrará este 04 de abril durante el 157° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia se realizará entre las 5:15 y las 6:15 pm en el Salón Padilha Vidal situado en el edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washintong, Estados Unidos. Para ese mismo día, ambas organizaciones tienen previsto relizar una rueda de prensa en horas de la mañana en la que lanzaran un informe conjunto que recoge los resultados e impactos negativos de esta razzia policial-militar ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde el mes de julio de 2015 el Gobierno venezolano ejecuta un operativo de seguridad ciudadana conocido como “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), cuya principal modalidad consiste en la realización de redadas masivas en urbanizaciones y barrios populares del país. Este operativo se ha traducido en graves violaciones de derechos humanos y constituye un retroceso respecto a los avances alcanzados durante el proceso de reforma policial impulsado en 2005 y 2006 por el fallecido Presidente Chávez y encabezado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). El OLP es un operativo militar-policial que ha emprendido la gestión del Presidente Nicolás Maduro con la justificación de luchar contra la delincuencia. Sin embargo, en sus 8 meses de ejecución (julio-marzo), este operativo ha demostrado su ineficacia para reducir los altos índices de inseguridad en el país, y ha generado más problemas que soluciones. El numeroso despliegue de funcionarios policiales y militares en las zonas donde se ha realizado el OLP y el discurso oficial que alienta la política de “mano dura”, han propiciado la ocurrencia de numerosos abusos por parte de los agentes de la fuerza pública contra habitantes de sectores populares del país.
En el Capítulo IV de su Informe Anual 2016, la CIDH dijo en referencia a la situación de inseguridad y las medidas gubernamentales ejercidas por Venezuela: «la política y las prácticas implementadas por el Estado mediante las milicias, el Plan Patria Segura y la OLP han resultado en la detención y deportación masiva de colombianos, la detención y muerte de numerosos venezolanos en enfrentamiento con las fuerzas del orden y la violación de una serie de derechos humanos de las personas bajo la jurisdicción de Venezuela». (Prensa Provea, 01.04.2016)
