Provea Medios/El pasado miércoles 6 de abril de este año, las víctimas del accidente químico tóxico ocurrido hace 23 años en el Hospital del IVSS ubicado en el sector de “La Ovallera”, Maracay, acudieron a ejercer un derecho de palabra en la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Miguel Pizarro. Del conjunto de estos casos, 9 son llevados judicialmente por PROVEA. Como se recordará, este terrible accidente laboral causó lesiones en la salud de las víctimas, su entorno familiar y trastocó su proyecto de vida, ya que sus secuelas produjeron patologías degenerativas severas y lo más grave es que el Estado venezolano, por órgano del IVSS, no ha cancelado la indemnización que con justicia les corresponde.
En la audiencia hubo para las víctimas y los representantes de PROVEA 15 minutos de intervenciones para luego escuchar las impresiones de los diputados miembros de la comisión. Dos de ellos mostraron interés y conocimiento del caso, que es uno de los eventos más notables por la cantidad de personas afectadas, porque se produjo en un centro de salud a cargo del Estado y porque sufre hasta el presente, el más largo proceso de carácter judicial en la historia de los accidentes laborales venezolanos.
El reconocimiento ha sido luchado
En la audiencia, se recordó que gracias a la lucha sostenida por las víctimas a lo largo de estos años y el acompañamiento de PROVEA, el Estado ha reconocido claramente que éste fue un accidente laboral donde el IVSS tiene comprometida su responsabilidad. Glenys Pérez, a nombre de las víctimas que trabajaban en el Hospital para el momento del accidente, hizo una breve pero dramática exposición de la condición actual del conjunto de personas afectadas, dejando claro que trascurrido 23 años aún el Estado no honra los compromisos de indemnización que la ley impone.
Dos intervenciones de parlamentarios José Trujillo y José Manuel Olivares, hicieron una reconstrucción del caso, mostrando conocimiento y preocupación por la prolongada espera por justicia e indemnización en este caso.
Trujillo abundo en los detalles médicos, químicos y forenses de la tragedia y Olivares propuso que la mediación debe incluir una indexación de los montos de la indemnización acordada –mas no ejecutada-, debido al tiempo transcurrido y las consecuencias acumuladas en las víctimas, además agregó que por la naturaleza de la intoxicación que sufrieron debe indemnizarse hasta la 2da generación.
En su intervención Provea destacó la incongruencia entre las actuaciones del IVSS y del IPSASEL en el caso, que han contribuido a obstruir la realización eficaz de las indemnizaciones a las víctimas y pidió a la comisión parlamentaria intermediar a fin de lograr una solución, ya que el IVSS reconoció el accidente ocurrido hace mucho tiempo y mientras que IPSASEL no lo certifica.
El diputado Pizarro, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, sometió a votación la propuesta de designar una subcomisión especial para abordar el caso, presidida por el diputado José Trujillo. Esta subcomisión se plantea iniciar un diálogo con Manuel Rotondaro, actual presidente del IVSS para materializar la indemnización a las víctimas. La subcomisión fue aprobada por unanimidad.
