Lo que esconde la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación
El pasado 25 de junio del 2015, la Asamblea Nacional promulgó en la Gaceta Oficial No. 40.440, la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación que derogó la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar, dictada por el Ejecutivo Nacional y publicada en la Gaceta Oficial No. 39.553 de fecha 16 de noviembre de 2010. En la cual se renormaliza la inscripción militar.
Sin embargo a los fines de entender la creciente militarización a la cual se está sometiendo a la sociedad venezolana, hago una breve reseña de los cambios efectuados en la ley que hoy nos afecta a todos.
En primer lugar tenemos que la nueva ley establece entre sus finalidades la cooperación inmediata entre los ciudadanos y el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, dejando de lado el servicio a la nación. Sumado a la creación del concepto de “cuota de remplazo” como el contingente de civiles que pueden sustituir en combate a los soldados.
Aunado a esto tenemos que se restringe la edad de servicio militar entre los 18 a los 30 años, lo cual establece una reducción considerable con la reforma de ley derogada que establecía un límite hasta los 60 años. No obstante se extiende el campo de cooperación para registrar personas, incluyendo a las personas naturales y jurídicas, venezolanas o naturalizadas para que contribuyan al registro y con las autoridades administrativas que lo estén ejecutando.
Sin embargo la gran diferencia radica en el carácter punitivo de la nueva ley de registro, donde se tipifica claramente la figura del renuente, como la persona natural que no se inscribe, no se presenta cuando es llamado o no actualiza sus datos en el Registro Militar; con lo cual la objeción de conciencia como precepto constitucional consagrado en los artículos 61 y 134, donde se permite el servicio civil alternativo queda desplazado por una norma de menor rango.
Esta tipificación del renuente como sujeto al margen del orden jurídico, bien sea éste una persona natural o jurídica, es sancionado con multas y sanciones administrativas impuestas por el Estado, con lo cual se pecha patrimonialmente la desmilitarización y la objeción de conciencia.
Otra diferencia en la ley es la exigencia de la inscripción para emitir otros actos administrativos como son los títulos universitarios o la licencia para conducir, con lo cual el Estado de forma alevosa le da una importancia o preponderación a la conscripción militar antes que los grados académicos que pueda obtener un venezolano.
Sobre esto llama poderosamente la atención el chantaje asistencialista que hace el Estado con referencia al registro militar, cuando en el artículo 86 se garantiza la asistencia médica, odontológica, permanencia en las misiones sociales, vestuario, alimentación, vivienda y un salario mínimo. Esto deja entrever que el Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas, pretende mediatizar los beneficios sociales para su conveniencia.
También se orienta en esta ley a profesores, padres y tutores a inscribir e incitar a sus representados a registrarse, lo cual es un exceso legislativo por que la mayoría de edad en la legislación nacional es de 18 años; que es la edad para registrarse, quizás esta disposición vaya allanando la militarización de la juventud a través de propuestas como el instructivo N° 001-16, donde se contempla la formación del “Valiente Soldado Bolivariano 2016”. Con lo cual se estaría abriendo las compuertas de la formalización y militarización de los niños, niñas y adolescentes para perpetuar el status quo.
Como podemos apreciar, la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación que entró en plena vigencia al momento de su publicación, busca una militarización de la sociedad venezolana y construir una reserva humana al servicio del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas para seguir manteniendo sus beneficios. Llego la hora, ¡Rompamos filas!
Rodolfo Montes de Oca
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