En 1994 un puñado de adolescentes, junto al por entonces coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y a Paz Juan Navarrete, crearon una iniciativa para exigir algo novedoso para los venezolanos: El derecho a la Objeción de Conciencia (OC). La OC es la posibilidad que tienen todas las personas de mantenerse ajenas tanto a lo militar como a las Fuerzas Armadas, bien sea por razones religiosas, ideológicas o personales. El movimiento de personas opuestas a la guerra, a las estructuras militares y sus valores, en toda la historia y en todos lados, han mostrado su públicamente oposición haciendo retroceder la influencia de los militares en la sociedad. Ha sido esta organización de la gente, desde abajo y con autonomía, la que ha logrado que progresivamente se reconozca esta facultad, la objeción de conciencia, como un derecho.
Aquel grupo de muchachos, asesorados por Navarrete, comenzaron a realizar campañas en contra de la llamada “recluta”, cuando policías salían a cazar adolescentes, tres veces al año por 15 días, para secuestrarlos y meterlos a la fuerza en el cuartel. Además, cada 15 de mayo, Día Internacional de la OC, realizaban de manera pública ante una notaría, presentación de objetores y objetoras como manera de presionar por el reconocimiento del derecho. En aquel momento aquello sonaba inentendible para muchos, sin embargo la constancia de esta iniciativa logró que cuando se generaron condiciones favorables, la Asamblea Constituyente de 1999, varios de sus integrantes estuvieran lo suficientemente sensibilizados e informados como para introducir la OC en el debate. Fue así como se logró que se prohibiera el reclutamiento forzoso en la Constitución. Y también que quedara plasmado en el nuevo articulado el derecho a la objeción de conciencia (artículo 61) y que un servicio de naturaleza civil tuviera la misma importancia que el militar (artículo 134). No obstante, como ya sabemos, el militarismo se puso de “moda” bajo el gobierno bolivariano y los deseos de sobreponer lo civil a los uniformes, de nuevo, fue relegado a las sombras.
Tras década y media de progresiva militarización del país, que implica su hegemonía de la gestión pública, la creación de grupos de apoyo bajo sus valores, el uso de manera oficial de un discurso de guerra y odio, la reducción de derechos como el de asociación y manifestación pacífica, el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles, así como el alto presupuesto destinado tanto a la compra de armas como al mantenimiento de las Fuerzas Armadas, debido a la participación de funcionarios verde-oliva en diferentes irregularidades, lo militar ha perdido popularidad, como lo revelan diferentes encuestas de opinión. El contexto es propicio para un movimiento civilista que, como lo pidió alguna vez incluso el propio presidente Maduro, devuelva a los militares –y sus valores- a los cuarteles.
Varias organizaciones de derechos humanos del país hemos iniciado una campaña, bajo el nombre de “Soy civil no militar”, para poner en discusión lo que consideramos la necesaria desmilitarización de la sociedad venezolana. Sabemos que hay temas urgentes (el acceso a los alimentos, el empobrecimiento de la población y el retroceso del poder adquisitivo del salario, la crítica situación de la salud), sin embargo la excesiva injerencia de lo militar en nuestra vida cotidiana es una dimensión importante si queremos fortalecer la democracia en el país.
Si lo militar se encuentra en tantas partes, ¿por dónde comenzar? En #SoyCivilNoMilitar creemos que un primer objetivo es la derogación del Registro Militar Obligatorio (RMO), un censo de naturaleza castrense derivado de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación aprobada en junio de 2014. Todas las personas del país y todas las asociaciones (universidades, empresas privadas, organizaciones comunitarias y cooperativas) deben anotarse obligatoriamente en una base de datos en la que, en cumplimiento de la Constitución, sólo deberían estar las personas que voluntariamente elijan estar vinculadas a las Fuerzas Armadas Venezolanas. Quienes no se inscriban son penalizados de diferentes maneras, desde el pago de multas hasta la prohibición de conseguir trabajo en empresas públicas o privadas, recibir un título universitario o una licencia de conducir. Es decir, el disfrute de los derechos humanos a la educación y el trabajo quedan supeditados a que se satisfaga un requerimiento militar.
Formalmente esto puede revertirse tanto por una declaratoria de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que anule la exigencia del RMO, como por una reforma parcial de la ley por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo ninguna de estas dos posibilidades se materializará si no hay presión social, discusión pública y organización autónoma y beligerante de los ciudadanos para su interpelación. Si usted desea vincularse o recibir los materiales de la campaña #SoyCivilNoMilitar sólo debe escribir un email a [email protected]
Coordinador General de Provea
