“El Estado en un contexto de ineficiencia y autoritarismo, muestra un rostro cada vez más hostil”. La frase no es nueva, la dijo Provea en su Informe Anual del año 1989, para explicar la dimensión de la represión del gobierno de Carlos Andrés Pérez contra la protesta popular, en un contexto marcado por la crisis económica, política y social y la imposición de medidas de ajuste que terminaron por generar más pobreza, exclusión y retrocesos en derechos sociales.
La historia se repite. Venezuela está en crisis. Crece el descontento social y la respuesta es la misma: represión y más represión. Contra las comunidades pobres, contra los trabajadores, contra los campesinos, contra la oposición, contra el chavismo crítico.
Desde La Guajira hasta Puerto Ayacucho, desde Táchira hasta Nueva Esparta, la respuesta autoritaria se ha extendido a todo el territorio y contra todos los sectores, transformando toda la Patria, no en una escuela, sino en un cuartel. Indígenas Wayúu son víctimas de atropellos por parte del Ejército y la Guardia Nacional, torturados, asesinados, estigmatizados como “bachaqueros” mientras el contrabando de los militares sigue ocurriendo a la vista de todos; trabajadores son hostigados por funcionarios del Sebin, amenazados por la GNB, perseguidos y encarcelados por participar en huelgas, exigir contratos colectivos y aumentos salariales; líderes y activistas opositores son perseguidos, se les impide ejercer su derecho constitucional a la manifestación pacífica o se les encarcela por exigir la activación de mecanismos legítimos y constitucionales como el referendo revocatorio; habitantes de comunidades pobres son detenidos arbitraria e ilegalmente, víctimas de allanamientos ilegales a sus viviendas, destrozos, hurtos, demoliciones, ejecuciones extrajudiciales, todo tipo de atropellos y abusos de militares y policías que actúan bajo el amparo del Operativo de Liberación del Pueblo; mujeres y hombres víctimas de atropellos y sometidos a la justicia militar por reclamar comida, servicios públicos, suministro de agua, entre otras demandas.
Si algo ha democratizado la gestión de Nicolás Maduro es la represión. Todos, independientemente de su identidad política, están sometidos a la misma respuesta autoritaria cuando reclaman o ejercen derechos, o simplemente cuando son estigmatizados como potenciales “enemigos del Estado”.
Para hacernos una idea: el miércoles, mientras el estudiante Diego Hernández era detenido frente al CNE por exhibir un cartel pidiendo referendo revocatorio, a la marcha convocada por la oposición se le impedía el paso para cubrir su recorrido hasta el organismo electoral, una protesta por alimentos era reprimida en Maracay y 3.070 personas eran detenidas de forma ilegal y arbitraria por el OLP realizado en comunidades pobres del Distrito Capital y el estado Miranda. Nadie se salva.
El gobierno ha afinado los mecanismos antidemocráticos para contener las protestas y las demandas sociales. La territorialización de las manifestaciones con decretos inconstitucionales como el que declara al Municipio Libertador “zona libre de fascismo”, dictado en 2014 por Jorge Rodríguez (generando discriminación y alentando la represión); la aprobación de normas como la Resolución 008610 que permite la actuación de todos los componentes de la FANB en labores de control de orden público y el eventual empleo de armas de fuego y munición letal para controlar manifestaciones, sumado a la creación de instancias militarizadas como el SP3, la Brigada Choque, las Brigadas Especiales contra los Grupos Generadores de Violencia, las milicias obreras, campesinas, comunales y estudiantiles, entre otras, han ido cerrando el cerco sobre las libertades democráticas y el ejercicio del derecho humano a la manifestación pacífica. A este panorama se suma la militarización de la seguridad ciudadana y el regreso de las razzias en las comunidades populares, al mejor estilo de los pantaneros de la PM o el Plan Unión en los 80, para aplicar lo que el Ministro González López llama “justicia con fuerza”.
Las protestas continuarán y el descontento seguirá en ascenso mientras el gobierno no rectifique. Con 180,9% de inflación general en 2015 (la más alta desde 1949); 315% en alimentos en el mismo período; casi 400% de inflación acumulada entre mayo de 2015 y abril de 2016, y con un pronóstico de 720% al cierre del año (la cuarta más alta en América Latina desde 1970); deterioro generalizado de la calidad de vida, propiciado por la caída del ingreso que a su vez generó el incremento en las cifras de pobreza por tercer año consecutivo, hasta situarla en niveles superiores a los registrados en 1998; colapso general de los servicios públicos con constantes apagones, interrupciones en el suministro de agua potable, deficiente transporte público; niveles de escasez históricos en alimentos y medicinas que superan en algunos casos el 70%, y pare usted de contar, ¿cómo esperan las autoridades que la gente no proteste o esté indignada?.
Pareciera no haber voluntad de parte del gobierno para solucionar los problemas, o como dijo un articulista de Aporrea, al gobierno como que se le olvidó todo eso. La única respuesta es la represión.
A quienes gobiernan se lo hemos dicho muchas veces. Cerrar los espacios para el ejercicio de derechos democráticos y expresiones pacíficas y legítimas de descontento, abre las puertas a escenarios de violencia y violaciones masivas de derechos humanos. Y añadimos: la represión podrá tratar de invisibilizar a la gente y sus reclamos, pero no frenará jamás sus luchas. No solucionará los problemas, al contrario, seguirá generando más penurias. El Estado está obligado a garantizar el ejercicio del derecho a la reunión, asociación y manifestación pacífica.
No tengo ninguna duda. De seguir este camino, más temprano que tarde, a quienes hoy actúan como buenos alumnos de la represión del pasado, les saldrá el tiro por la culata. En algún punto de este largo y lento camino hacía la despolarización, todos los venezolanos, conservando y respetando sus identidades políticas, comprenderán la necesidad de unirse frente a la represión, los abusos y el rostro cada vez más hostil del gobierno. Entonces no habrá represión que valga.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
@intiamaru79
