Los preocupantes retrocesos del derecho a la salud, cuya expresión más visible son las múltiples carencias acumuladas por el sistema sanitario, han sido resultado de la ausencia de políticas y normas dirigidas a corregir los problemas estructurales, por la desinversión y las medidas erradas que han precarizado y destruido las capacidades de la salud pública, aspectos que persistieron y empeoraron en 2015. La profundización de la crisis ha causado el desabastecimiento masivo de medicinas, insumos y materiales médicos, así como el colapso de servicios de salud públicos, que privó de tratamientos esenciales y de una mínima atención sanitaria a miles de personas, desde recién nacidos hasta mayores, en todo el territorio nacional.
Las últimas cifras oficiales publicadas indican un gasto público destinado a salud de Bs. 74.019,9 millones en 2012 y de Bs 88.867,3 millones en 2013, con 20% de incremento. Sin embargo, mientras la mayoría de los países de América Latina realizaron esfuerzos que permitieron aumentar sus niveles de gasto en salud, Venezuela se ubicó para 2012 entre los países con la inversión más baja en relación con su Producto Interno Bruto (PIB). El porcentaje de gasto total en salud para Venezuela (público y privado) se redujo de 5,7 a 4,7 entre 2000 y 2012. De este gasto, los recursos invertidos por el Estado representaron apenas 34% para 2012. Además, Venezuela exhibe un comportamiento financiero inexplicablemente restrictivo al excluirse de usar recursos externos para incrementar su inversión sanitaria, a diferencia de lo que hace el resto de los países de la región, principalmente aquellos con un nivel de gasto público en salud similar al de Venezuela.
Junto a la desinversión sanitaria, el sistema de salud ha sido conducido a condiciones financieras extremadamente vulnerables en la medida que tanto la disponibilidad de presupuesto público como la de recursos económicos para garantizar que haya los bienes y servicios necesarios en el sector –90% de ellos importados– dependen de las divisas bajo control del Estado. Así, frente a la aguda contracción de la economía venezolana en los dos últimos años, en 2015 el gobierno recortó al mismo tiempo los gastos de la salud pública y el suministro de divisas para importación de insumos, medicinas y repuestos médicos, con los cuales se abastecen los establecimientos y servicios públicos y privados de salud.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el gasto público del sector salud ejecutado para 2015 fue de Bs. 110.520 millones, el cual representa un incremento respecto al año anterior de solo 13%, lo cual no se corresponde con la inflación oficial de 180,9%. El Ministerio del Poder Popular para la Salud ejecutó 82% de este monto para financiar la totalidad de los establecimientos y servicios de la salud pública, incluyendo 71% de los recursos destinados a los centros de la Misión Barrio Adentro. En cambio, otras instituciones del gobierno ejecutaron 18% del gasto público en salud, con 64% de incremento, dirigido a financiar prestaciones de salud que reciben funcionarios en clínicas privadas. Estos gastos no incluyen los ejecutados por el IVSS para cubrir los gastos de funcionamiento de su red de servicios y de medicamentos básicos y de alto costo.
Por otra parte, como ha sido práctica los últimos años, en 2015 se asignó al MPPS por Ley de Presupuesto Bs 38.507 millones, monto 57% inferior a lo que realmente se ejecutó al final del año, de tal suerte que este organismo debió acudir al Sistema Administrativo Financiero de Créditos Adicionales (Safca) para procurar los fondos faltantes de acuerdo con las disponibilidades de ingresos extraordinarios que percibe el Ejecutivo fuera del presupuesto. En su Memoria y Cuenta 2015, el MPPS reportó un gasto total para 2015 de Bs. 148.664 millones, 74% de los cuales se obtuvieron mediante créditos adicionales.
Para conocer más sobre los avances, retrocesos y estancamientos en la garantía del derecho a la salud en Venezuela, consulta nuestro Informe Anual 2015
