Los datos recopilados por Provea en su Informe Anual 2015, indican que en dicho período se registraron 100 casos y 17.071 víctimas de detenciones masivas, cifra que corresponde a 96,3% del total global de violaciones registradas al derecho a la libertad personal en el año, lo que representa un incremento de 494% respecto al año anterior, y de 144% sobre el promedio general de estos casos de los últimos 17 años.
El incremento de este tipo de detenciones responde a la implementación de la «Operación de Liberación y Protección del Pueblo» (OLP), operativo policial y militar que ha sido denunciado por Provea desde sus inicios. Las detenciones realizadas en el marco de la OLP representan 92% (15.946) de los casos de presuntas violaciones al derecho a la libertad personal, y 93% de las detenciones masivas (17.071) registradas durante 2015. Lo que sugiere una migración de la arbitrariedad policial que iría desde las manifestaciones de calle de 2014 (3.459 detenciones), que para ese año representaban 97% ―en las que el perfil mayoritario de los detenidos era el de jóvenes estudiantes de clase media―, hacia los barrios y zonas más empobrecidas del país, ubicadas en las periferias de las capitales de los estados, en donde el perfil de los detenidos pasa a ser el de jóvenes de clases populares. En cambio las detenciones masivas en el contexto de manifestaciones en este período apenas llegaron a 0,95% del total de casos registrados.
La característica común de las detenciones que se hacen en estos procedimientos es que en su gran mayoría los detenidos no son encontrados en flagrancia ni existe orden judicial para proceder a su arresto. En consecuencia, se trata de detenciones ilegales o arbitrarias. Cuando se analizan por separado o de manera integrada las distintas fuentes de información (medios impresos, fuentes oficiales, medios digitales) hay coincidencia en el porcentaje entre detenidos iniciales y personas posteriormente procesadas o al menos presentadas ante el Ministerio Público (MP): detenidos iniciales 95,5%, procesados formalmente 4,5%. Es decir, que al menos 95,5% de estas detenciones fueron ilegales o arbitrarias.
En 2015 este tipo de operativos policiales militarizados constituyeron 99% (16.924) de las detenciones masivas, así como el 98% del total de las detenciones ilegales o arbitrarias registradas durante todo el año. Los estados que ocupan los primeros cinco lugares en número de detenciones masivas son: Anzoátegui con 2.429 (14%), Táchira con 1.782 (10%)15, Falcón con 1.764 (10%), Aragua con 1.564 (9%) y Distrito Capital con 1.339 (8%).
En cuanto a la caracterización de las detenciones masivas por cuerpo de seguridad, 90% fueron realizadas bajo el formato de la OLP, es decir, en acciones conjuntas que dificultan la identificación de sus autores. Entre los cuerpos que más realizaron este tipo de detenciones destaca en primer lugar la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 901, sin tener en cuenta su rol protagónico en las acciones conjuntas de la OLP. Los cuerpos nacionales realizaron 99% de las detenciones masivas en el país.
En cuanto al perfil de las víctimas solo se pudo conocer el sexo de 367 (2,2%). De estas, 71% (259) eran hombres y 29% (108) mujeres. Es en la modalidad de detenciones masivas donde se pudo apreciar el mayor porcentaje de mujeres victimizadas. Un caso emblemático de esta forma de criminalización masiva de la mujer fue el operativo “Plan Autobús de Drácula”, el cual tiene como objetivo evitar que las personas pernocten en las afueras de los supermercados, práctica que realizan algunos sectores sociales para poder comprar a primeras horas del día siguiente productos regulados. La GNB intenta evitar estas prácticas a través de la detención de las personas que las realicen.
Estas actividades, al no constituir delitos ni faltas, convierten a estos arrestos o “retenciones” en detenciones ilegales. Así, por ejemplo, el 07.09.2015 en el estado Miranda unas 112 personas fueron “retenidas” por hacer colas en las afueras de varios supermercados y confiterías de Ocumare del Tuy y Charallave. El operativo fue realizado por comisiones de la GNB y de la Policía Municipal de Tomás Lander. De los “retenidos”, 46 eran mujeres y 36 hombres; todos fueron reseñados como «bachaqueros». Por este Plan al menos unas 644 personas fueron detenidas durante septiembre, 432 (67%) en el estado Zulia, 112 (17%) en el estado Miranda y 100 (16%) en Lara.
Sobre las edades de las víctimas, solo se pudo conocer la de apenas 23 de los detenidos (0,13%), entre quienes destacan 21 menores de 18 años. En este tipo de detenciones es donde se encuentra la mayor cantidad de menores de 18 años. Este hallazgo, junto al de género, pudiera sugerir que las detenciones masivas exponen más que las otras modalidades a los grupos vulnerables. La afirmación anterior se ratifica al conocer las ocupaciones de los detenidos, con lo cual se termina de tener un perfil de la víctima de detenciones ilegales o arbitrarias masivas. Esta información solo pudo obtenerse de 922 detenidos (5,4% de los casos totales). De estos, 50% eran obreros o trabajadores manuales, 35% extranjeros, 14% mineros (todos del estado Bolívar) y 1% estudiantes, lo que refleja la extracción humilde de estas personas.
Si deseas obtener más información sobre los retrocesos, avances y amenazas para la garantía del derecho a la libertad personal u otros derechos humanos en Venezuela, consulta nuestro Informe Anual aquí: http://bit.ly/1Y0mpMf
