La situación de los derechos laborales en Venezuela durante el año 2015 se caracterizó por el acelerado deterioro de la calidad de vida de las y los trabajadores, despidos, violaciones y obstáculos al ejercicio de la libertad sindical e incumplimiento de las convenciones colectivas vigentes, sumado a la negativa de discutir las que están vencidas.
El gobierno continúo adoptando medidas en el plano económico que aceleraron la caída del ingreso de las y los trabajadores. El repunte de la inflación y la escasez llegó a la cima en 2015 y llevó al país a convertirse en el más inflacionario del mundo.
Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el país registró una inflación acumulada (enero – diciembre) de 180,9% al cierre del año, casi el triple de la registrada en el año previo de 68,5%. El incremento de la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el mayor peso del presupuesto de una familia venezolana, fue de 315%, tres veces la inflación registrada en este grupo durante el 2014. La pérdida del poder adquisitivo obligó al Ejecutivo Nacional a decretar cuatro aumentos unilaterales del salario mínimo en el año. Con esos incrementos por decreto presidencial, el salario pasó de Bs. 4.889 a Bs. 9.648 al cierre del 2015.
Pese a la vertiginosa variación de los precios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejó de publicar los resultados de la Canasta Alimentaria Normativa. El último informe oficial data de noviembre de 2014. Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM) precisó que el costo de la canasta alimentaria en diciembre de 2015 fue de Bs. 93.600, un monto 443% superior al registro de diciembre de 2014. Con esta variación, una familia venezolana requería 9,7 salarios mínimos para cubrir la cesta de alimentos para una familia de cinco miembros en promedio.
Según informó el INE, la Población Económicamente Activa (PEA), constituida por todas las personas de 15 años y más con disposición y disponibilidad para trabajar, se ubicó en diciembre de 2015 en 14.006.303 personas. La población con disposición y disponibilidad de trabajar, que representa el 62,6% de la población total nacional, decreció respecto al mismo mes de 2014, cuando estaba integrada por 14.403.270 personas. El INE reportó que en cifras absolutas se observa una disminución de 396.967 personas, que corresponde a 3,0 puntos porcentuales. El grueso de la población activa del 2015 entró en la categoría de población ocupada. De acuerdo con el INE, 13.166.601 personas (94% de la población activa) estaban ocupadas en diciembre de 2015, cifra que permite observar una disminución de 0,5% de la tasa de ocupación con respecto a diciembre de 2014 cuando la población ocupada se ubicaba en 13.607.057 personas. En el periodo de estudio, las cifras oficiales muestran un aumento de la desocupación. El INE precisó que en diciembre de 2015 la población desocupada fue de 839.702 personas (6%), mientras que en diciembre de 2014 era de 796.213 personas (5,5%), lo que indica un aumento de 43.489 personas en la población desocupada.
Pese a que la economía venezolana mantuvo su racha negativa en 2015, el Ejecutivo mantuvo la política de inamovilidad laboral a lo largo del año y por trece años consecutivos. Sin embargo, en diversos estados del país se registraron protestas por despidos injustificados. Además, se produjeron numerosos despidos a nivel nacional debido a la caída en los niveles de producción y la falta de divisas en diversos sectores de la industria.
Las denuncias de despido también estuvieron vinculadas a la derrota del partido oficialista en las elecciones parlamentarias del 06.12.15. Provea recibió reportes sobre acoso laboral, episodios de hostigamiento y despidos en distintas áreas de la administración pública y en empresas del Estado, luego de conocerse los resultados de los comicios. Altos funcionarios del Estado participaron en la promoción de mensajes que alentaron estos actos de discriminación laboral por razones políticas.
Persistieron los obstáculos y amenazas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical, mediante la criminalización del sindicalismo autónomo; las detenciones y el sometimiento a procesos penales de dirigentes sindicales y trabajadores que dirigen o participan en conflictos laborales; las restricciones para el ejercicio del derecho a la huelga; la militarización de los conflictos; las descalificaciones públicas contra dirigentes y organizaciones sindicales por parte de altos funcionarios del Estado, y las frecuentes calificaciones de despido de sindicalistas violando el fuero sindical. En este sentido, destaca la suspensión de las elecciones sindicales en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 13.01.2016; la liberación –bajo medida de presentación- de los sidoristas Rederick Leiva, Leinys Quijada y Heberto Bastardo, luego de permanecer 8 meses detenidos debido a su vinculación con una de las corrientes sindicales que propició la huelga en la empresa en agosto de 2014.
Se cumplieron dos años sin que el TSJ se pronuncie sobre la admisión del recurso de nulidad parcial y amparo cautelar, ejercido por diversas organizaciones sindicales y Provea, contra los artículos del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (DLOTTT) que violan la libertad sindical.
Se registró una disminución en el número de casos de sindicalistas asesinados en el período. Provea contabilizó el asesinato de 22 sindicalistas durante 2015, como consecuencia de presuntas disputas sindicales, un descenso de 37,1% respecto a los 35 casos registrados en el período anterior. En la mayoría de los casos registrados por Provea en los últimos 5 años, la impunidad sigue siendo la norma.
Si deseas obtener más información sobre los retrocesos, avances y amenazas para la garantía de los derechos laborales u otros derechos humanos en Venezuela, consulta nuestro Informe Anual aquí: http://bit.ly/1Y0mpMf
