El pasado 24 de mayo Provea presentó su Informe Anual correspondiente al año 2015 en el que se documentaron preocupantes amenazas para los derechos civiles y políticos y marcados retrocesos en derechos sociales. Como lo hemos reiterado, el gobierno de Nicolás Maduro es una mezcla de autoritarismo y exclusión social. El autoritarismo gubernamental, sumado a la incapacidad para garantizar condiciones para el disfrute de los derechos sociales, han convertido a la gestión de Maduro en una gran fábrica de pobreza y represión. Ustedes recordarán, amigos lectores, las cientos de personas heridas, torturadas y maltratadas por efectivos de la fuerza pública durante las protestas de 2014. En esa oportunidad, la mayoría de estas personas fueron víctimas de estas agresiones en el contexto de las manifestaciones realizadas entre los meses de febrero y junio de 2014. En 2015, la represión continuó y se afianzó, pero esta vez las principales víctimas no fueron los sectores de oposición, fueron los más pobres, habitantes de las comunidades populares del país, quienes en el marco de la aplicación del Operativo de Liberación del Pueblo, sufrieron las consecuencias de la militarización y el autoritarismo del gobierno. Acá les comparto algunos datos levantados por Provea y presentados en el capítulo de Derecho a la Integridad Personal de nuestro Informe Anual.
En 2015 Provea registró un total de 143 denuncias que incluyeron 18.184 casos de violación del derecho a la integridad personal con 969 víctimas individualizadas. Los datos indicados, comparados con el periodo anterior cuando se registró un total de 2.015 casos de violaciones al derecho a la integridad personal, constituyen un incremento de 902,43% en el número de violaciones.
De las víctimas identificadas en el período que abarca la investigación, se pudo conocer el género de 410 personas, lo que representa el 42,3%. De esas víctimas, el 95,3% fueron hombres (391) y 4,63% mujeres (19). En el caso de torturas, el número de víctimas registradas por Provea tuvo un notable descenso respecto a lo registrado en el período anterior. Provea logró individualizar a 6 víctimas de este patrón de violación al derecho a la integridad personal, lo que, en comparación con las 185 víctimas registradas durante 2014 representa una disminución importante del flagelo, al menos en la data levantada por Provea. Sin embargo en su Informe Anual 2015, la Defensoría del Pueblo contabilizó un total de 99 casos de tortura en el período, atendidos por las defensorías delegadas en todo el país. Por su parte, el Informe Anual del Ministerio Público no ofreció información al respecto.
En el caso de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el número ascendió un 25,6% en comparación con el período anterior, siendo identificadas 793 víctimas, 162 más que en el 2014. Destaca en este aspecto la ocurrencia de casos que involucraron a grupos de víctimas que superan la decena, y que se produjeron en recintos carcelarios o durante el llamado Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). En este patrón de violación al derecho a la integridad personal, la Defensoría del Pueblo reportó en su Informe Anual haber recibido y atendido 625 denuncias sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes, con igual número de víctimas. El Ministerio Público no ofreció información detallada en su Informe de gestión anual.
En el caso de los heridos, Provea registró e individualizó un total de 153 heridos y lesionados, una disminución de 86% con respecto al año anterior. Del total de heridos, 128 personas fueron heridas y/o lesionadas en el contexto de manifestaciones de diversa índole realizadas a lo largo del año. 21 personas contabilizadas en el mismo número de denuncias, fueron objeto de amenazas u hostigamientos, lo que implica una disminución de 58,8%, en las cifras recabadas por Provea, respecto al 2014 cuando se registraron 51 víctimas. Los datos levantados por la Defensoría del Pueblo en su Informe Anual 2014, superan ampliamente la información registrada por Provea a través del monitoreo de prensa y las denuncias recibidas. El organismo informó que durante 2015 recibió 1.439 denuncias de hostigamiento y abuso de autoridad en las distintas defensorías delegadas a nivel nacional.
Finalmente en el patrón de allanamientos ilegales, se registraron 17.215 casos lo que, en comparación con el período anterior, significa un incremento de 33.754%, cuando se registraron 51 casos. Del total de allanamientos, el 99,8% se realizó en el marco del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo entre los meses de julio y diciembre de 2015. En algunos de estos operativos los allanamientos ilegales afectaron hasta 4.000 viviendas. En ninguno de los casos registrados por Provea, estos allanamientos -denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios actuantes-, contaron con una orden judicial. Igualmente en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Además se reportaron numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que fueron objeto de estos allanamientos ilegales en el marco del OLP.
Sobre los casos de allanamientos ilegales en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y en comunidades populares durante la ejecución de la OLP, Provea remitió tres informes al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, con información levantada luego de las visitas en terreno realizados por nuestro equipo y por las propias denuncias de las víctimas. Sin embargo, en el Informe Anual de la Defensoría del Pueblo no se refleja ninguna actuación o denuncia sobre estas situaciones. Desde que comenzó la OLP, Provea solicitó al Defensor del Pueblo investigar los abusos denunciados por las víctimas. A la fecha la Defensoría del Pueblo no ha brindado información sobre las actuaciones realizadas por el organismo respecto a los atropellos ocurridos en el operativo policial-militar, por lo que insistimos que su silencio se ha convertido en un aval para la impunidad.
@intiamaru79
