El 16 de enero de 2015 el ciudadano Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, anunció que su despacho promovería una ley que regulara el uso de la fuerza en las manifestaciones. En aquella oportunidad se discutía las responsabilidades de las 43 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones del año 2014, así como las consecuencias de la aplicación de la Resolución 8610 en el control de las protestas.
«Ningún funcionario policial o militar, en el uso indebido de su arma, llamese perdigones o cualquier tipo de instrumento, dispare o asesine a personas que esten en ese momento inermes (…) No se justifica el uso de perdigones disparados al rostro. Estamos haciendo una ley que regula, estamos trabajandola, una ley que regula el uso de la fuerza en manifestaciones», declaró en esa oportunidad. Esa intención fue ratificada tres meses después, el 15.04.15, cuando en la instalación de la II jornada en materia de derechos humanos y facilitación en la articulación social para las unidades y dependencias administrativas de la Guardia Nacional Bolivariana en la Academia Militar, el Defensor declaró: “Dos sesiones de trabajo se han realizado para la aprobación de una ley que regule el uso de las fuerzas en las manifestaciones públicas. Esta ley va a ser la guía para la actuación de las policías y el componente de la FANB”.
Más de un año después, y ante el saldo de 6 personas asesinadas por funcionarios policiales y militares en el contexto de saqueos, el anuncio del Defensor no se ha materializado en ningún marco jurídico que hubiera prevenido estas situaciones. Las organizaciones de derechos humanos no hemos tenido noticias sobre el avance de la iniciativa, ni tampoco hemos sido consultadas para realizar propuestas para la elaboración, democrática y consensuada, de dicha ley.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, debe honrar su palabra y promover todas las políticas necesarias para prevenir y sancionar los abusos y excesos en el control de manifestaciones.
