El pasado 01 de julio de 2016 la periodista Lisseth Boon difundió un reportaje en el que informa que el Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, tiene a 13 familiares directos trabajando en su despacho, en cargos de variable importancia. Estamos hablando que Ballesteros tiene tres hijos en cargos de dirección, cada uno con su esposo en cargos similares; un cuñado, 2 sobrinos, uno de ellas con su novia en la institución y un nieto, este con su novia y cuñada en la nómina de la CGR.
Si usted considera insólito que sea precisamente el funcionario que debe velar por que este tipo de prácticas no ocurra en la administración pública quien tenga a buena parte de su familia cobrando quince y último de la chequera estatal, su respuesta al reportaje de investigación es de campeonato: 6 días después, en un programa de televisión, Ballesteros afirmó: “Para hablar de nepotismo hay que tener suficiente capacidad de diferenciar entre nepotismo positivo y nepotismo negativo. Tendrías que remontarte por allá, desde la monarquía del siglo XVIII para acá. Cuando se materializa un nepotismo negativo y podría ser sujeto de investigación, es cuando un familiar o una persona allegada a una autoridad que lo contrate no reúne las condiciones profesionales o el perfil suficiente para ejercer el cargo”. Es decir, en palabras del Contralor General de la República sus 13 familiares entrarían dentro de la categoría “nepotismo positivo”, porque según él reúnen la suficiente calificación para cada uno de los cargos. Que alguien nos informe donde se encuentra la Universidad para la Contraloría en la que la familia Ballesteros tiene acciones.
La realidad sin embargo dista de las particulares interpretaciones del Contralor. Desde una perspectiva de derechos humanos el nepotismo vulnera principios de imparcialidad y no discriminación. Como explica el sitio culturadelalegalidad.org.mx, el cual promueve buenas prácticas en la administración pública, en el sector público el nepotismo significa que el candidato más apto no obtiene un cargo o un ascenso, y, como consecuencia, el público en su conjunto es afectado, sin mencionar a la persona que, de no haber habido nepotismo, hubiera ganado el puesto. O puede significar que un contratista menos competitivo gane un contrato gubernamental a expensas del dinero de los contribuyentes.
En el continente africano donde el clientelismo, amiguismo y nepotismo ha hecho estragos en economías deprimidas bajo gobiernos autoritarios, se ha discutido ampliamente sobre el tema. Gary Pienaar, de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de la República de Sudáfrica, afirmó en 1999: “El nepotismo aún no se tipifica como un acto criminal en nuestra ley; sin embargo es, con toda claridad, reprensible y suficientemente inaceptable como para requerir una acción por parte de la Defensoría del Pueblo. Más aún, el nepotismo puede ser una bandera roja que alerte al Defensor del Pueblo sobre la posibilidad de las necesidades percibidas por el funcionario de rodearse de aquellos en cuya capacidad de actuar con discreción se puede confiar más de lo ordinario”.
Según Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, si bien el nepotismo está prohibido en Venezuela, no está penado: “Aún no se ha aprobado ninguna ley que contemple las respectivas sanciones”, declaró para el portal Runrun.es.
Sin embargo, si se aprobaran las actuales propuestas de Ley de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, así como el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción, que están siendo discutidos en la Asamblea Nacional, Ballesteros no sería el único funcionario a sancionar. Paradójicamente el proceso político que comenzó dando un golpe de Estado en 1992 enarbolando la lucha contra la corrupción hoy ha normalizado las prácticas de clientelismos que tanto cuestionó del pasado. Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro y quien tiene una relación con Ballesteros de compadrazgo, en tiempos de la presidencia de la Asamblea Nacional ubicó hasta 40 familiares directos en cargos dentro del hemiciclo. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, designó a su pareja sentimental Carla Di Martino, de profesión conocida artista plástico, como su Asistente de la Defensoría del Pueblo a partir del 15 de junio de 2016. Ricardo Molina, quien ejerció como ministro de vivienda durante varios años, designó en puestos de confianza a su esposa, una hija, una hermana y una cuñada. En el reportaje citado, De Freitas expresó: “El nepotismo está prohibido por varias razones. No hay garantía de que ese familiar privilegiado sea el más adecuado para el puesto. Además, todos los cargos de la administración pública son de carrera, tienen que entran por concurso público, como establece el artículo 146 de la Constitución”.
Si la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo actuales amparan el nepotismo habrá que esperar condiciones para que los delitos de corrupción, en todas sus vertientes, sean efectivamente sancionados en el futuro.
Coordinador General de Provea
