En el período que abarca el presente informe, Provea registró un total de 270 víctimas de violación al derecho a la vida fueron registradas en todo el país durante el año 2015, cifra que representa un aumento de 22,73% respecto al número de personas que fallecieron en estas condiciones el año inmediato anterior. Para el presente periodo de estudio, dos elementos resultan destacados en la comprensión de la dinámica y magnitudes que se observan en las violaciones al derecho a la vida: uno vinculado con el despliegue del estado de excepción en varios municipios limítrofes con Colombia en los estados Táchira y Zulia1 luego extendido a otras entidades federales; el otro refiere al despliegue de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) como una de las principales acciones del Estado en materia de seguridad ciudadana que, por sus características, ha supuesto el fallecimiento de centenares de ciudadanos. De estas 270 violaciones el 20,40% (55 fallecimientos) se generaron en el marco de la OLP directamente, porcentaje que asciende a 24,07% (65 muertes) contabilizando todas aquellas que se produjeron en operativos de los cuerpos de seguridad del estado en general: alcabalas, puntos de control y otros dispositivos de seguridad implementados por cuerpos policiales y militares en labores de seguridad ciudadana.
Por su parte, desde el Ministerio Público en el Informe de Gestión 2015, se señala que como resultado de las OLP murieron 245 personas entre julio y diciembre del mencionado año2. Si a esta cifra le restamos los 55 muertes registradas por Provea que resultan de la OLP tenemos que, a la base de esta organización le faltarían por asentar 190 víctimas más aproximadamente3. Estos datos –como presentaremos con mayor detalle en próximas líneas- ponen en evidencia un aumento sustantivo de la violencia policial y de los cuerpos de seguridad del estado que caracterizó de manera particular al año 2015, puesto que, si excluyéramos del registro las violaciones al derecho a la vida que resultaron de la OLP, las cifras de víctimas de 2015 no solo sería mucho menor sino que además, lejos de presentar un aumento de 23% en relación a los casos conocidos en 2014, reportaría un comportamiento decreciente de 2,27%.
Si sumamos las cifras registradas por Provea con las aportadas por el Ministerio Público durante el despliegue del OLP, la cantidad de casos de violaciones al derecho a la vida en 2015 asciende a 460, lo que constituye un aumento de 109% respecto al período anterior y se ubicaría como la cifra más alta desde el período octubre 1989 a septiembre 1990.
