“Para los viejitos no hay plata, pero para ir a visitar a Fidel sí”, gritaban pensionados y jubilados frente al ministerio de Finanzas este miércoles 24 de agosto. Protestaban exigiendo el pago de un bono de alimentación y medicinas, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 30 de marzo y que el Tribunal Supremo de Justicia declaró “constitucional, pero sujeto a viabilidad económica” un mes después.
Los protestantes, además de pitos y pancartas, mostraban en el aire sus libretas de ahorro para evidenciar que no les han cancelado, mientras gritaban “¡Maduro paga el bono!”. En el país hay 3 millones 300 mil jubilados que se beneficiarían de la medida.
Además de la ley sancionada por la AN, los adultos mayores se apoyan en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que “el Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”.
Efecto Cocuyo
