Van 24 días desde que se denunciaron los primeros casos de difteria en el país. Denuncias tardías, además, porque el primer caso en 24 años se registró en abril. Desde entonces, el Gobierno regional solo ha dado información a medias. Desde ese entonces, han fallecido 23 niños.
La última en fallecer fue Johangelys Alexandra Ochoa Rauseo, de apenas dos añitos, luego de seis días de lucha contra la enfermedad. Su muerte fue confirmada por el medio regional Correo del Caroní. La pequeña formaba parte del 58% de la población infantil que no ha sido vacunada con DTP en el estado.
Aunque el Gobierno sigue sin admitir la gravedad del asunto –lo que incumple las normas de la Organización Mundial de la Salud-, activó jornadas de vacunación, “acciones emprendidas luego de que en el estado se conociera la presencia de difteria en pocos habitantes en los municipios del sur”, se puede leer en una nota de prensa de la Gobernación. A través de sus redes sociales anunciaron que habían llegado al estado 300.00 unidades. Pero fueron insuficientes.
La población del estado es de más de un millón de habitantes y, por día, entre 200 y 300 personas llegaban a cada punto de vacunación, donde solo tenían entre 80 y 90 vacunas para atender. El diputado al Consejo Legislativo del estado Bolívar, César Ramírez, denunció que las vacunas habían alcanzado hasta el jueves pasado. En los sitios donde tuvieron más suerte, hasta el viernes.
“Durante unos 10, 12 días, las colas para vacunarse eran más largas que las de comprar alimentos. Pero durante el fin de semana no hubo vacunación, ayer (lunes 10 de octubre), tampoco”, aseguró en una conversación telefónica con Efecto Cocuyo.
Hugo Lezama, director del Colegio de Médicos de la entidad, secundó esta declaración. “Si bien el Gobierno está haciendo un esfuerzo, el número de vacunas no es adecuado. La cantidad de gente es muy grande”.
“¿De dónde van a sacar un millón de vacunas?”, se preguntaba el galeno, mientras aseguraba que la única forma de que esto no pasara era a través de jornadas de vacunación sistemáticas, es decir, la prevención. Ya es muy tarde para eso.
Ambos se quejan de cómo el Gobierno ha manejado comunicacionalmente la situación. Sobre todo el caso del gobernador Rangel Gómez, quien primero admitió la presencia de 13 casos para posteriormente tuitear que no había “ningún caso científicamente comprobado”.
A su vez, Lezama dijo que el Gobierno activó las jornadas de vacunación e inició charlas con la epidemióloga regional, la doctora Cruz Cordero, pero se mantiene apegado a su versión de que no está pasando nada. “Lo que está a la vista no necesita anteojos”.
“¿Esos 23 niños que han muerto no son suficiente prueba de que la situación es realmente grave?”, increpó Ramírez. “Ya en todos los ambulatorios hay casos de niños con difteria. Un Gobierno serio ya hubiese declarado emergencia sanitaria, en lugar de negar la epidemia”.
El tratamiento es otra arista complicada del tema. El doctor Lezama recordó el caso del Hospital Pediátrico Menca de Leoni, en Ciudad Guayana -donde se han registrado cinco de las muertes-. El ente de salud fue dispuesto únicamente para tratar casos de difteria, lo que a su vez empeora las ya graves condiciones de los demás enfermos. “Ayer llegó una niña con una artritis séptica de cadera (una infección por una bacteria de la cavidad articular) que no encontraba dónde tratarse, no la querían recibir porque solo estaban recibiendo casos de difteria, en vez de habilitar nuevos lugares”.
“La gente me dice que estamos viviendo un retroceso, que el país va en reversa. Van brotando enfermedades erradicadas”, señaló el legislador.
Efecto Cocuyo.
