Un reportaje de la prensa regional visibilizó las denuncias, realizadas desde el sector sindical, sobre el proceso de intolerancia a la protesta por derechos en el país. Reproducimos el trabajo:
«Cerca de cien trabajadores están en régimen de presentación ante tribunales como consecuencia de la “criminalización de la protesta”, mientras que 300 dirigentes sindicales han sido asesinados por el fenómeno del “sicariato” en todo el país desde el año 2005.
Recientemente los trabajadores venezolanos celebraron una vez más el 1º de mayo en medio de un panorama de confrontación y de nulas respuestas por parte del actual régimen en cuanto a sus reivindicaciones socioeconómicas, y el respeto a sus derechos a la libertad sindical y a la protesta.
Este miércoles en la sede del PPT, el Movimiento de Trabajadores por la Patria, liderizado por Joaquín Malavé, conjuntamente con Solidaridad Laboral, dirigido por Orlando Chirinos denunciaron la grave situación por la cual atraviesa el sector laboral venezolano, especialmente en cuanto a las persecuciones y los asesinatos a los que están siendo objeto los dirigentes sindicales: unos por protestar y denunciar las irregularidades que se suscitan en sus puestos de trabajo; mientras que otros son víctimas de las “balas asesinas” por defender un puesto de empleo.
Orlando Chirinos, coordinador nacional del Movimiento Solidaridad Laboral, señaló que la mayoría de los trabajadores que son asesinados son jóvenes, y pertenecen a sectores como la construcción y automotriz.
Criticó la “nula” actuación del Gobierno nacional en investigar los hechos de sangre que se han suscitado en este ámbito. Hizo referencia a la muerte del dirigente sindical de la Toyota que fue asesinado a las puertas de su casa. De igual modo, habló del compañero de la Mitsubishi en Anzoátegui, y responsabilizó a los policías de Tareck William de estar involucrados en este caso.
Dijo además que su corriente sindical, Secura, han matado a siete dirigentes en Aragua, “y el último fue Jairo Díaz ultimado el 25 de abril. Hasta los momentos no se ha abierto ninguna investigación al respecto”.
Según la estadística de Chirinos, en el año 2006 fueron asesinados 54 trabajadores; en 2008, 46; en 2009, más de 70; y en lo que va de 2010, 90.
Víctimas de la criminalización
En torno a la criminalización de la protesta se preguntó: “¿por qué está preso Rubén González?, simplemente porque dirigió una huelga por la discusión del contrato colectivo de Ferrominera en Bolívar”.
Chirinos invitó a los dirigentes sindicales de Guayana a que se unan para sacar de la cárcel a Rubén González, ya que cree que eso contribuirá a que los trabajadores vuelvan a confiar en su fuerza laboral, en sus movilizaciones, en sus huelgas.
Agregó que 15 trabajadores de la Costa Oriental del Lago fueron privados de su libertad por haber protestado reclamado que no le habían pagado sus prestaciones sociales cuando estatizaron las contratistas.
También mencionó que están a punto de ser puestos a la orden de los tribunales los trabajadores de una contratista en Sidor, y los acusan de secuestro de transporte cuando en realidad estaban discutiendo el contrato colectivo y tomando una medida de presión.
Chirinos comentó que “todos los dirigentes sindicales que luchan y pelean por sus reivindicaciones, les ordenan una presentación a la fiscalía, el Ministerio Público los imputa, y después les meten medida cautelar, es decir, a un régimen de presentación de cada 8 ó 15 días, y se les prohíbe hablar en sus centros de trabajo con 2 o más personas”. (El Carabobeño, 06.05.10)
