La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó, el pasado lunes 10 de mayo de 2010, su informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, el cual espera que contribuya a modificar las políticas públicas de seguridad ciudadana referentes a la violencia, la represión y la criminalidad.
En el Informe, la Comisión dejó claro que los modelos policiales que se deben proponer en sistemas democráticos, como los existentes en América Latina y el Caribe, deben tomar en cuenta un marco de respeto de las leyes y de los derechos humanos.
Asimismo, resaltó con preocupación que los índices de violencia y criminalidad en la región de las Américas son los más altos del mundo.
La tasa de homicidios se mide universalmente bajo un indicador de cada 100.000 habitantes. De acuerdo con un estudio realizado desde hace tres años en América Latina, este indicador alcanzó el 25.6/100.000. En Europa se registró la misma tasa en 8.9/100.000, en el Pacífico Occidental se ubica en 3.4/100.000 y en Asia Sur-Oriental 5.8/100.000.
Aunque este análisis mide el nivel de violencia en una determinada sociedad, sin tomar en cuenta las posibles alteraciones que sufre, el análisis hecho a América Latina y enfocado únicamente en los sectores de ingresos medios y bajos de la población tiene una tasa de homicidios, sube aceleradamente a 27.5/100.000.
Para la CIDH es preocupante cómo el grupo comprendido por las víctimas y victimarios de violencia en la región americana está integrado en su mayoría por niños, niñas y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. La tasa de homicidios en este sector de la población alcanza los 68.9/100.000.
Asimismo, el informe hizo énfasis en que el factor económico-social es de alta relevancia para el nivel de criminalidad en la población de Las Américas. Entre los jóvenes de sectores de ingresos altos, la tasa de homicidios se encuentra en 21.4/100.000, mientras que en los jóvenes de ingresos medios y bajos la tasa asciende a 89.7/100.000.
La Comisión Interamericana destacó las formas de los Estados para combatir el crimen y la violencia. Se refirió a las fuerzas de seguridad del Estado y especialmente a las militares, destacando: “Dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”.
La CIDH argumentó en su informe que la utilización de las fuerzas castrenses para combatir el crimen y la violencia acarrea el riesgo de cometer violaciones de derechos humanos. Las fuerzas armadas tienen la función única de mantener la seguridad del Estado y de la nación, no de mantener el orden público ni de preservar la seguridad interna, esta es la función de los cuerpos policiales, quienes han tenido una preparación y un entrenamiento diferente a de los efectivos castrenses.
La Comisión hizo referencia a las prácticas inadecuadas de algunas fuerzas policiales y la falta de atención del Estado con respecto a este tipo de irregularidades. Destacó además, que mientras la población considere a la policía un órgano inadecuado para realizar las investigaciones de justicia, el escepticismo aumenta y los medios alternos (como grupos parapoliciales, paramilitares y guerrillas) se establecen firmemente dentro de la sociedad, lo que acarrea inestabilidad e impunidad dentro de la región y comprende una grave violación a los derechos humanos.
Cuando se habla de Seguridad Ciudadana no podemos limitarnos exclusivamente a la lucha contra la delincuencia y la violencia, también se trata de crear el ambiente propicio para fomentar valores y prevenir que este tipo de situaciones se generen, prevenir es la mejor solución.
En ese sentido, son necesarias labores de prevención y control de los factores que generan violencia y criminalidad en la sociedad, de la misma manera en que se presta atención a la posterior reacción ante estos factores y las consecuencias que suscita.
Qué implica la seguridad ciudadana
Según una definición del término Seguridad Ciudadana, aportado por la Comisión en su Informe, la misma comprende todas las herramientas que implemente el Estado con la finalidad de preservar y garantizar la seguridad de cada uno de sus ciudadanos, entendiéndose así que dentro de ésta se enmarca también el resguardo de la persona con respecto a las fuerzas de seguridad estatales.
De acuerdo con lo comprendido en convenios y tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal.
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