La decisión tomada por el Tribunal 50 de Control de Caracas que ratificó la privación de libertad y mantuvo el sitio de reclusión para la jueza María Lourdes Afiuni colocan al país al margen de la ley y del derecho internacional, al ignorar la medida de protección que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la jueza.
La decisión tomada por el Tribunal 50 de Control de Caracas que ratificó la privación de libertad y mantuvo el sitio de reclusión para la jueza María Lourdes Afiuni, a pesar de los argumentos de la defensa de que la integridad física de la jurista corre peligro, colocan al país al margen de la ley y del derecho internacional, al ignorar la medida de protección que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la jueza.
Como se recordará, el 11 de enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida de protección urgente a favor de la jueza María Lourdes Afiuni, mediante la cual se le solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de la jueza, que fuera trasladada a un lugar seguro y que se informe sobre las actuaciones del caso.
Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), indicó que ante el dictamen de la CIDH, el gobierno se limitó a decir que la vida de Afiuni no corre peligro y que, tras una visita de representantes del Ministerio Público al centro penitenciario, se pudo constatar que estaba en perfectas condiciones físicas.
Al afirmar que no es la primera vez que Venezuela desconoce una decisión de los órganos de protección del Sistema Interamericano, Bolívar considera que lo ocurrido con Afiuni parece formar parte de una “tradición” que está tomando el Estado; y subrayó que el caso es, si se quiere, “emblemático”, pues es la primera vez que un juez es encarcelado por acatar una decisión.
“Ella basa su decisión de la libertad de (Eligio) Cedeño en que el señor tenía más de dos años preso, y de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, una persona que tiene más de dos años sin juicio o le dictan sentencia o la dejan en libertad y ella lo que hizo fue seguir el COPP. Además había una información proveniente del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas en relación con el caso de Cedeño”.
Agregó que “entonces estamos ante una cosa más grave. Ya no es el gobierno desacatando, sino que a quien acata lo meten preso (…) Si un juez que acata es metido preso, cómo obligar al gobierno a que acate una decisión a favor de ese juez”.
Aseveró la defensora de Derechos Humanos que la decisión del Tribunal 50 que ordenó el proceso contra la jueza y mantuvo su reclusión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ratifica la violación de los Derechos Humanos de Afiuni. Y no solo en referencia al dictamen de la CIDH. Destacó Bolívar que el 16 de diciembre, cuatro días después de que fue detenida, tres relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitieron una resolución conjunta en la que expresaron su preocupación por la jueza.
Explicó Bolívar que los organismos de protección del Sistema Interamericano no tienen capacidad coercitiva. “Se presume la buena fe de los Estados, obviamente no la ha habido, y lo único que queda es seguir ejerciendo las acciones internacionales que sean necesarias hasta que Venezuela acepte cumplir este tipo de decisiones. Pero, hasta el momento, Venezuela se ha convertido en un Estado forajido”. (Lera Piñero, El Universal, 19.05.10, http://www.eluniversal.com/2010/05/19/pol_ava_venezuela-se-coloca_19A3892379.shtml
