Las organizaciones internacionales Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos, así como la coalición de derechos humanos del país Foro por la Vida se pronunciaron públicamente para instar al Estado venezolano a tomar acciones urgentes que garanticen la seguridad e integridad, física y moral, de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos en el país y actual presidenta de la Organización Civil Control Ciudadano.
En vista de los últimos hechos ocurridos, en los que la señora San Miguel se ha visto amenazada y hostigada por parte de grupos y personas partidarias al actual gobierno, las organizaciones nombradas alzaron su voz por medio de una serie de comunicados, en los que se solicita al Estado a cumplir y mantener las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicadas en su Informe Democracia y Derechos Humanos 2009.
En el citado Informe, la Comisión resalta el «clima de hostilidad y amenazas en contra de la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos en Venezuela», y hace referencia a un sin fin de actos de hostigamiento provenientes del Estado, que tienen por finalidad desprestigiar y criminalizar la labor de los defensores en el país.
De acuerdo con lo publicado en el Informe, «altos funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República, han acusado públicamente a varias organizaciones de derechos humanos, así como a sus integrantes, de formar parte de una estrategia golpista o de tener vínculos con países extranjeros que supuestamente planean desestabilizar al gobierno».
Asimismo, el 24 de febrero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que en Venezuela «se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política».
Un ejemplo de este tipo de desprestigio contra los defensores de derechos humanos en Venezuela es el caso de la señora Rocío San Miguel. El pasado 6 de mayo de 2010, en su condición de presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, hizo pública una denuncia por medio del programa televisivo Aló Ciudadano, en la que reveló cómo funcionarios activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran inscritos y son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
La anterior denuncia implicaría una violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 328 dispone: «La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación (…) En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna…».
Asimismo, el artículo 330 de la Carta Magna reza lo siguiente: «Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político».
En el recuento realizado por el Foro por la Vida, luego de esta denuncia, la ciudadana San Miguel recibió varias llamadas telefónicas de personas que supuestamente querían aportarle información confidencial de la Fuerza Armada y altos funcionarios gubernamentales. Asimismo fue perseguida por un vehículo con varios sujetos a bordo, quienes la amedrentaron cuando se encontraba en compañía de su hija. Fue públicamente desprestigiada y ofendida, por altos funcionarios de gobierno y personas cercanas al mismo.
Indicó el Foro, que el programa televisivo La Hojilla, su conductor y miembro de la directiva del PSUV, Mario Silva acusó a San Miguel de llamar a la insurrección y de exponer a los militares al escarnio público para entorpecer su labor. Posteriormente, el Presidente de la República acusó a la ciudadana de realizar «propaganda de terror».
Los días subsiguientes, las llamadas telefónicas continuaron y el 8 de mayo se conoció que fue solicitada a una juez de control una orden de detención en contra de la defensora, por la supuesta posesión de información militar confidencial.
Con base en esta serie de atropellos y la campaña de desprestigio y criminalización que ha sufrido Rocío San Miguel, la coalición de organizaciones instó al Estado venezolano a adoptar medidas que garanticen la integridad personal de la defensora y sus familiares, así como a cesar el ataque y el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos en el país y a realizar una investigación en torno a las amenazas sufridas por la defensora, para aplicar la sanción correspondiente a los responsables.
Cofavic, 20.05.10
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