El poder de las instituciones, en Venezuela, no parece siempre estar al servicio de la ciudadanía, tal como rezan la Constitución y las leyes nacionales.
En materia del derecho a la libertad de expresión, uno de cuyos componentes principales es la libertad de informar, las señales son ambiguas cuando no francamente contradictorias.
El bien principal no siempre lo constituye el derecho ciudadano a saber, a escoger libremente la información, sino que a éste se sobreponen criterios, por ejemplo relacionados con la seguridad nacional, que terminan coartando el derecho de las mayorías, que es la sociedad en su necesidad de saber, en resguardo del privilegio de minorías que ejercen el poder.
Esta contradicción se vivió el 23 de mayo, en las inmediaciones de «La Casona», en un caso que además resulta sintomático por otras razones que seguidamente comentaremos.
El fotógrafo Simón Clemente, del diario 2001, una publicación del Bloque De Armas, fue retenido este 23 de mayo durante casi 4 horas, cuando ejercía labores profesionales en las afueras de la residencia presidencial «La Casona», dándole cobertura a una protesta de jóvenes opositores.
Cuando Clemente cubría la manifestación, junto a la periodista Mayerling Carrera, fue interceptado por una camioneta blanca. «Se bajaron tres hombres vestidos de civil portando armas largas, y sin mostrar identificación obligaron a Clemente a abordar el vehículo.
Cuando esta redactora exigió una explicación de la detención, sólo alegaron: Está prohibido tomar fotos, retírese. Por favor, retírese», sostuvo Carrera al informar sobre este hecho.
Clemente fue liberado luego de casi cuatro horas. Obviamente resulta un exabrupto su retención, cuando ejercía labores profesionales para que la sociedad estuviese informada, en un lugar que por naturaleza es público: la calle.
A esto se suma otra grave anomalía, algo que no debería ocurrir jamás en una democracia: el fotógrafo fue llevado por agentes que no portaban uniforme, no utilizaban un vehículo oficial ni mostraron credenciales oficiales.
Posteriormente el fotógrafo confirmó que fue llevado al interior de «La Casona» y luego a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).
Clemente declaró al ser liberado que «recibí buen trato, pero me quitaron todas las fotos que había tomado durante la protesta.
Les aclaré que la intención no era tomar fotos a la casa del Presidente, sino reseñar la manifestación de los jóvenes. Me tomaron fotografías de frente y de lado y me tomaron huellas dactilares, me dijeron que quedaba reseñado».
De acuerdo con Clemente, los funcionarios de inteligencia le exigieron los datos específicos de los periodistas que se encontraban cubriendo la manifestación, pero «me negué, no les di información de los demás reporteros».
Este hecho desencadenó reacciones de protesta de los gremios periodísticos de Venezuela, tanto el Sindicato Nacional de la Prensa como el Colegio de Periodistas y el Círculo de Reporteros Gráficos manifestaron su rechazo y denunciaron que la existencia de las llamadas zonas de seguridad, en torno a edificios públicos, como es el caso de «La Casona», son utilizadas por los organismos del Estado para justificar atropellos contra los ciudadanos.
Aunque las zonas de seguridad están previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, constituyen una exageración. Por ejemplo en el caso de «La Casona», según la denuncia de los gremios periodísticos, el área de seguridad alcanza más de 80 hectáreas.
¿Cometió el fotógrafo algún delito al darle cobertura a una protesta pacífica? Parece que sí, según la lógica institucional que impera en el país.
No olvidemos a Sambrano
Durante la última década han sido asesinados cuatro comunicadores en Venezuela, en dos de esos casos el poder del narcotráfico parece haber sido más fuerte que el poder institucional, y de esa forma se acallaron las voces de Mauro Marcano, en Maturín, en septiembre de 2004, y de Orel Sambrano, en enero del año pasado en Valencia.
Marcano y Sambrano tenían en común que utilizaban la radio para denunciar la penetración del narcotráfico. El primero enfiló sus baterías contra el llamado cartel del sol que actúa en comanditas con la Guardia Nacional; el segundo cuestionó el poder de la familia Makled.
La justicia venezolana, pese a los claros pronunciamientos de una influyente figura como José Vicente Rangel, le ha fallado a Marcano. En el caso de Sambrano, posiblemente el viento político que sopla en contra de los Makled ayude a que finalmente se haga justicia.
Las primeras señales apuntan en esa dirección. El pasado 19 de mayo, por ejemplo, fue condenado a 25 años de prisión un ex policía por el asesinato de Sambrano y del veterinario Francisco Larrazábal, quien era vecino de los Makled y testigo clave en el juicio que se le sigue por tráfico de drogas.
Se trata del primer condenado, y cabe acotar que la justicia venezolana ha actuado con bastante celeridad. El ex policía del estado Carabobo, Rafael Segundo Pérez, admitió en audiencia preliminar haber colaborado con el homicidio del periodista, así como del veterinario.
La Fiscalía había ratificado la acusación contra el ex funcionario por incurrir en los delitos de sicariato y asociación para delinquir, en calidad de cómplice necesario. Pérez se encargó de vigilar la ruta diaria tanto del periodista como del veterinario.
No disparó, pero le dio la información necesaria a los que activaron el gatillo. El ex policía admitió los hechos y de esa forma fue sentenciado rápidamente en el Tribunal 6° de Control del estado Carabobo.
El 21 de junio deberán presentarse ante la justicia otros dos de los acusados, en este caso: José Duque Daboín y David Antonio Yánez Inciarte.
Por Andrés Cañizález
Publicado en Tal Cual
