El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) está conformado por un equipo de profesionales que se dedica a la defensa de los Derechos Humanos de los ciudadanos privados de libertad. Su principal representante es el abogado y director Humberto Prado.
En cumplimiento con la función de esta institución, el legista visitó en el día de ayer la División de Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) donde constató que actualmente existen 213 detenidos, aún cuando la capacidad de esta delegación es para 40 personas en situación de arresto.
“Aquí tardan hasta seis meses en ser trasladados a una cárcel o esperando por la presentación del fiador para optar al beneficio de la fianza, cuando máximo deberían permanecer es por 48 horas. Esto es inhumano porque mientras los encarcelados deben dormir sentados o de pie”, informó Prado.
Asimismo, denunció que en estos momentos se encuentra un detenido con VIH en la División de Captura que no está recibiendo su debido tratamiento, por lo que le solicitó a las autoridades correspondientes que se lo provean, ya que “él tiene derecho a recibirlo”.
El director del OVP dijo que las cárceles venezolanas no escapan de esta realidad, pues existen casi 38 mil presos de los cuales el 80% no ha recibido sentencia y la capacidad de las reclusorios es para 12.500 reos.
Humanización de las cárceles
Humberto Prado manifestó que el proceso de humanización que busca emprender el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia debería concentrarse en tres elementos: “clasificar la población reclusa de acuerdo a los delitos cometidos, mejorar la infraestructura de las prisiones y aumentar el número de vigilantes así como capacitarlos para ofrecerles una mejor atención a los reos”.
El abogado comentó que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, debería existir un custodio por cada 10 presos y no como sucede en Venezuela, que para un penal sólo hay ocho o 10 personas que se encargan de toda la seguridad.
Agregó que es necesario que los presos cuenten con una cárcel en su jurisdicción porque de esta manera no tendrían por qué pagar su sentencia en otras penitenciarias lejanas al lugar donde se encuentra su familia. “Por ejemplo, en el estado Vargas hay es un circuito judicial, pero no un reclusorio a pesar de que allí existe una población de 1.500 presos que están repartidos en Yare, el Internado Judicial El Rodeo y La Planta”.
«Los penales no están bien”
Prado expresó que no estaba de acuerdo con que “las cárceles del país están en calma y paz”, tal y como lo aseguró la jefa de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios del M.PP de Interior y Justicia, Consuelo Cerrada, pues “mientras los Derechos Humanos de los presos no estén garantizados no puede reinar la tranquilidad dentro de los penales, ya que ellos duermen en el piso, no cuentan con las medidas sanitarias pertinentes y no pueden acudir a tiempo a las audiencias”, refutó el jurista.
El directivo señaló que en la actualidad existen penitenciarías como El Rodeo II y La Planta, donde los reclusos se encuentran en desacato judicial; se niegan a recibir a sus familiares hasta tanto los jueces a cargo de sus casos no se presenten en las respectivas cárceles para tomar una decisión.
“Muchas veces los jueces van es a inspeccionar, pero los reclusos no quieren eso, lo que quieren ver es que trabajen sobre sus expedientes para que puedan tener una audiencia, una defensa o una sentencia”, acotó Prado.
Por otra parte, mencionó que no se puede acusar a los privados de libertad de los problemas carcelarios si las autoridades no cumplen con sus funciones de acompañamiento o vigilancia. Con respecto a las reos que gozan del beneficio de destacamento de trabajo, es decir que salen en la mañana a trabajar y deben regresar en la tarde al centro penitenciario, dijo que si no existen delegados de supervisión para quienes tienen esta oportunidad, entonces “no se pueden quejar de que ese reo cometa irregularidades en ese espacio de tiempo”
