El artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que en nuestro país el régimen socioeconómico se fundamenta en los principios de justicia social y solidaridad. Además, señala que su finalidad es «asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad (…) elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país…».
Por su parte, el artículo 318 de la Carta Magna dice que «El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria».
Lamentablemente, numerosas entidades privadas que actúan en el mercado de capitales internos lo hacen contrariando los principios constitucionales ya citados. Guiados por un ilimitado propósito de lucro, obstaculizan que el régimen socioeconómico venezolano alcance sus sagrados fines y, también, dificulta la labor del BCV en este sentido.
Esta situación ha sido verificada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través de inspecciones practicadas en numerosas Casas de Bolsa, en las que «pudo constatar que no existe una metodología identificable que permita establecer de manera certera, el modo de cálculo del valor intrínseco asignado a los títulos valores utilizados en las referidas operaciones, razón por la cual se puede establecer que existe un alto nivel especulativo en las mismas».
En ese sentido, la CNV ha manifestado que «tales operaciones están impactando directamente sobre el comportamiento del crecimiento de la tasa diferencial de cambio, lo cual afecta la economía del país, toda vez que se esta tomando como base dicha tasa para marcar el precio referencial de bienes y servicios en general del mercado interno del país».
Este fenómeno se traduce en inflación y alto costo de la vida para la comunidad en general. No podemos aceptar que se produzcan daños a la economía del país, pues se estaría afectando la calidad de vida de la población.
El Ministerio Público está investigando las posibles conductas punibles que pudieran estar presente en la situación denunciada. En consecuencia, varios fiscales han sido designados para adelantar este caso y, de esta forma, hacer frente a este terrible mal como lo es la especulación.
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República
(Ultimas Noticias, 28.05.10)
