En materia carcelaria, Venezuela es la nación más violenta de América Latina y quizás del mundo, a pesar de que el número de personas privadas de libertad es mucho menor que en países como Brasil, México, Colombia y Argentina.
La afirmación fue expuesta por el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, previo a su intervención en el Ciclo de Foros 2010 «Descubriendo Realidades y Soluciones para la Seguridad», actividad desarrollada este jueves en los espacios del Colegio de Abogados del estado Carabobo. El evento constituye la antesala de las IV Jornadas de Criminología de la Universidad de Carabobo, que se realizarán el 1 y 2 de julio.
El representante del OVP apuntó que mientras el país cuenta con unos 38 mil reclusos, Brasil posee 486 mil, México alrededor de 250 mil, Colombia suma unos 72 mil, además de los problemas de guerrilla, paramilitarismo, secuestro, narcotráfico, delincuencia organizada y común, entre otros; y Argentina tiene 62 mil.
«Si yo agarro estos cuatro países y saco una suma de toda su población llego a unos 853 mil internos en comparación con los 38 mil de Venezuela, y nosotros somos más violentos que todos ellos juntos», aseguró.
Prado atribuyó la situación al abandono de los presos por parte del Estado, lo que ha generado que éstos establezcan su propio autogobierno, «práctica que se ha hecho ley». Sostuvo que en el país no existe voluntad política para resolver la problemática.
Señaló que los representantes del Ejecutivo Nacional no han cumplido con el mandato constitucional, plasmado en el artículo 72 de la Carta Magna, que plantea que las cárceles se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos regionales y municipales.
En cuanto a cifras, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que en el 2009 murieron 366 internos en todo el país, más de uno por día, y se registraron más de 853 personas heridas en los centros de reclusión.
Pero, destacó que entre enero y febrero de 2010 han muerto 61 personas en las cárceles venezolanas y unas 135 han resultado heridas.
Cárceles sólo tienen capacidad para 12 mil 500 personas
Ahora bien, en Venezuela, alrededor de 38 mil personas se encuentran privadas de libertad, distribuidas en un total de 33 cárceles que tienen capacidad real para albergar 12 mil 500 reclusos.
El Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como penal de Tocuyito, es el centro penitenciario con el mayor hacinamiento en Venezuela, puesto que fue creado para 900 personas y actualmente unas tres mil 400 se encuentran recluidas en el lugar.
En ese sentido, Prado afirmó que el hacinamiento en los centros de reclusión venezolanos alcanza el 160 por ciento. «En este momento tenemos 25 mil 500 presos más de la capacidad para la que fueron creadas las cárceles», sostuvo.
Destacó que si bien el Gobierno Nacional ha inaugurado nuevas prisiones en el país, como por ejemplo el Centro Penitenciario Yare III y la Comunidad de Coro, existe una desproporcionalidad entre el número de internos y la cantidad de plazas, dado que las construcciones se están realizando «donde no se requieren». Apuntó que Yare III tiene una capacidad de 450 internos y hoy sólo cuenta con cien, mientras que Yare I alberga más de mil 200 reclusos.
Asimismo, señaló que la Comunidad de Coro puede acoger a 850 personas, pero sólo 500 se encuentran privadas de libertad en el lugar. Precisó que este centro fue creado para demoler el Internado Judicial de Falcón, sin embargo resaltó que éste tiene «más presos que la nueva».
80% de los reclusos son procesados
Dentro de esta perspectiva, Humberto Prado recalcó que el 80 por ciento de las personas privadas de libertad en Venezuela son procesados (prisión preventiva) y sólo el 20 por ciento tiene una sentencia definitivamente firme (condena).
Aunado a ello, destacó que no existe una separación de categorías, es decir, una clasificación por el tipo de delito y el grado de peligrosidad. «Aquí conviven condenados con procesados, reincidentes con primarios, el que cometió un delito leve con el que cometió un delito grave y eso trae como consecuencia una anarquía total, porque el primario se contamina del reincidente o del que cometió un delito grave», afirmó.
Prado enfatizó que el Estado es el responsable de la mencionada descomposición, «porque es el que administra justicia».
Sólo Bs.F. 9 diarios para alimentación
El representante del OVP también se refirió al tema de la alimentación. Resaltó que el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional (AN) para esta materia incluye a un total de 25 mil 500 internos, aunque en el país existen 38 mil.
Pero, además de ello, sostuvo que de esa cuota, sólo nueve bolívares fuertes diarios corresponde a cada recluso, es decir, «tres bolívares para el desayuno, tres para el almuerzo y tres para la cena».
Intervención penitenciaria
El profesor de la escuela de Criminología de la Universidad de Los Andes (ULA), Freddy Crespo, también participó en la primera jornada del Ciclo de Foros 2010, con la ponencia «Mitos y Realidades sobre el Tratamiento Penitenciario».
Comentó que el sistema penitenciario venezolano está basado en mitos que contrastan con la realidad que se vive en las cárceles del país. Destacó que una de las ideas en «desuso» está vinculada con el hecho de que con sólo establecer una pena y recluir a un individuo que cometió un delito, éste se va a rehabilitar.
Crespo señaló que lo ideal es establecer programas de tratamiento y rehabilitación paralelos a la cárcel, lo cual debería comenzar a denominarse como «intervención penitenciaria». Apuntó que nada se pierde con tratar de mejorar y transformar a las personas encarceladas, a pesar de las condiciones infrahumanas en las que viven dentro de los centros de reclusión.
– Lo primero que hay que hacer es modificar el régimen de vida en la cárcel. El tratamiento y la intervención en general empieza con asegurar una calidad de vida mejor que la que tiene el interno.
Ese tratamiento empieza con mejor comida, mejor manera de vivir, mejor forma de dormir, uniformes, entre otras cosas, ese es el tratamiento básico y eso es lo que internacionalmente se denomina como una forma de intervención. En otras palabras, nosotros (en el país) no estamos ni interviniendo ni tratando con el sistema, por el contrario estamos disociando, acentuando el carácter delictivo, explicó.
El profesor de la ULA señaló que también es necesario distinguir a los procesados y a los penados, «y trabajar con aquellos más problemáticos».
La profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UC, Luisa Marcano de Araujo, ofreció igualmente una conferencia el día de ayer, titulada «Tratamiento Penitenciario y Predicción de Reincidencias», donde abordó el enfoque legal de este tópico. Igualmente, aclaró a los presentes la significación de términos básicos.
Marcano de Araujo manifestó que es necesario establecer equipos multidisciplinarios en las cárceles venezolanas, conformados por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, criminólogos, entre otros, para poder planificar la formación profesional de los internos.
