El pasado miércoles 02 de junio la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, designó a los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, la cual se encuentra conformada por seis Magistrados y Magistradas del TSJ, el Director Ejecutivo de la Magistratura y el Director General de la Escuela Nacional de la Magistratura. Estos últimos actuarán como Asesor Administrativo y Asesor Técnico, respectivamente.
Bajo la coordinación de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, Vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa, dicha Comisión quedó conformada por las Magistradas y Magistrados Carmen Zuleta de Merchán de la Sala Constitucional; Isbelia Pérez Velásquez, Vicepresidenta de la Sala de Casación Civil; Deyanira Nieves Bastidas, Vicepresidenta de la Sala de Casación Penal; Alfonso Rafael Valbuena Cordero de la Sala de Casación Social; y Juan José Núñez Calderón de la Sala Electoral.
La creación de esta Comisión fue aprobada por la Sala Plena del Máximo Tribunal del país el pasado 28 de abril, cuyo propósito fundamental es garantizar la igualdad y la no discriminación de la mujer.
La Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela en materia de género, son sus herramientas fundamentales para ampliar y hacer efectivas las políticas públicas que permitan el acceso de las mujeres a un sistema de justicia de género, adaptado a las necesidades y a la realidad del social país.
Entre las principales atribuciones de esta Comisión destacan la de desarrollar y diseñar políticas judiciales tendientes a optimizar el sistema de justicia de género; diseñar una política judicial de enlace entre los Tribunales de Violencia contra la Mujer y los Consejos Comunales; y recopilar criterios judiciales en materia de violencia contra las féminas.
De igual forma, se le atribuye la responsabilidad de establecer contacto con Magistrados, Jueces, Fiscales y Defensores Públicos de Venezuela y otros países, para comparar y compartir criterios y avances en esta materia. Además de colaborar con el Ejecutivo Nacional en la planificación y ejecución de las políticas públicas orientadas a la atención de las mujeres víctimas, y coordinar los Tribunales de Violencia contra la Mujer.
