Siete meses más deberán esperar los dos dirigentes y tres trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (SutraCVG) por la apertura del juicio que dictaminará si son culpables «por querer hablar con el ministro y llevarle una queja escrita».
Explica el abogado de los implicados, Antonio Aguado, que no se trata sólo del diferimiento del inicio del juicio, sino que: «No debieron haber estado detenidos, no debieron haber hecho una presentación (ante la justicia), no debieron ir a una preliminar. No considero que (sus defendidos) hayan cometido un hecho punible».
De los cuatro hechos imputados, la defensa logró en la audiencia preliminar que el juez Cuarto de Control, Luis Beltrán Lira, desestimase la causa de instigación a delinquir.
Amparados en el capítulo IV del Código Penal (CP), aún permanecen en la acusación los delitos: privación ilegítima a la libertad del trabajo, privación ilegítima a la libre industria y comercio y agavillamiento. «El deber ser es que debieron desestimar todo, pues los verdaderos hechos no constituyen delito», dilucidó Aguado.
Además, considerando el artículo 256, numeral 9, del CP, Beltrán Lira, en la audiencia preliminar dictaminó que los implicados no pueden participar en protestas de la CVG, como medida cautelar. De los 35 años que ha trabajado en la CVG, Ronald González, secretario general de SutraCVG e imputado, 25 ha destinado a la dirigencia sindical.
«Yo me debo a los trabajadores. Que los gerentes se dediquen a la gerencia», expresó González. «No podemos protestar ni ejercer nuestro derecho como dirigentes sindicales».
«Estoy es un juicio político. Quieren mantener acallados a los sindicatos. Amedrentados, para que no protesten, para que no digan nada», razonó el secretario de finanzas de SutraCVG y también imputado, Carloy Quijada.
Preliminares
El 6 de octubre de 2009, los dos dirigentes de SutraCVG junto con otros tres trabajadores de la CVG fueron a visitar al otrora presidente de la CVG, Rodolfo Sanz, para entregarle una misiva que recogía el reclamo del incumplimiento de 14 cláusulas del contrato colectivo, en discusión para entonces.
Pocos minutos después de haber llegado al preescolar de la CVG, en Chilemex, para interpelar a Sanz durante la reinauguración del plantel, llegó la Guardia Nacional.
Versiones oficiales explican que González, Quijada y otros tres trabajadores pretendían restringir el acceso a la escuela y por ello fueron detenidos y llevados al Destacamento 88 de la Guardia Nacional. La explicación de los acusados: no tenían intenciones violentas.
El 2 de febrero de 2010 transcurrió la audiencia preliminar. «El juez escuchó nuestra intervención y después de 30 minutos volvió con la decisión (llevarlos a juicio). Ahí, se tomó una decisión preparada. (Sin embargo) el juez nos dijo que no nos preocupáramos, que estuviéramos tranquilos», relató González sus impresiones sobre la audiencia preliminar.
«Como cuando una persona tiene miedo», agregó Quijada, para advertir al unísono con González, que ya sabían el resultado de antemano.
Juicio político
Para la defensa está claro: los hechos cometidos no constituyen delito; en caso de que se demuestre lo contrario, los delitos son «leves»; y existe un trasfondo.
«Hay intereses ocultos en su condena por la situación en la que se encuentran otros líderes sindicales en la región. Y (los implicados de SutraCVG) pasaron a formar parte también de esa lista. Se ha manejado la cuestión con una celeridad increíble. Se presume que como estamos en un año electoral lo dejaron pendiente por allí… para ver qué hacen con ellos después de las elecciones a diputados», manifestó Aguado sin dar detalles.
«Aquí hay hechos que de verdad requieren enjuiciamiento, delitos graves como el homicidio; personas que han cometido robos, violación y secuestro y esperamos (su) juicio. Hay personas en las cárceles esperando un juicio. ¿Y les van a dar juicio (a los sindicalistas de SutraCVG) que son delitos sumamente leves?»
Además de González y Quijada, dirigentes sindicales de SutraCVG, hay tres imputados más, a saber: Ángel Adonis Centeno, Elvis Lorán Azócar y Darwin López, trabajadores pertenecientes a la gerencia de mantenimiento de CVG.
La defensa reclama el cumplimiento del artículo 26 de la Constitución Nacional, que consagra una «justicia accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles». Habrán pasado 16 meses para conocer el veredicto, de cumplirse la próxima fecha del inicio de juicio. (Leonardo Suarez, Correo del Caroní, http://www.correodelcaroni.com/content/view/155223/149)
