Las cifras de los ataques contra los comunicadores sociales en los últimos años, la condena a casi cuatro años de prisión contra el periodista Francisco Pérez, las amenazas hechas contra Yunior Lugo, el fotógrafo quien captó las imágenes de la destrucción de la comida dañada, el cierre de medios y la autocensura son algunos de los hechos que confirman que los periodistas en Venezuela celebraron su día en medio de un proceso de restricción a la libertad de expresión.
“Ya no hay disimulo. Hoy por hoy, el Estado asume abiertamente que quiere silenciar la crítica, por supuesto aún hay algunos gestos políticos como por ejemplo perseguir a Guillermo Zuloaga (presidente de Globovisión) por un supuesto acaparamiento de carros”, denunció el coordinador de Espacio Público, Carlos Correa.
Correa advirtió que la situación se ha agravado en los últimos dos años, pues “antes los procesos contra medios de comunicación y periodistas eran por razones administrativas o por delitos que nada tenían que ver con su ejercicio, pero ahora vemos que estamos avanzando hacia penalizaciones directas vinculadas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
En este sentido, un ejemplo contundente es el caso del periodista Francisco Pérez. El columnista del diario El Carabobeño denunció irregularidades en la Alcaldía de Valencia y por ello fue hallado culpable de “ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público”, con una pena a casi cuatro años de prisión, la inhabilitación política y profesional; y la multa por casi 82 mil bolívares fuertes.
Correa señaló que la situación no sólo afecta a comunicadores, sino también a los ciudadanos: “este es el caso del proceso abierto contra el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz, por unas declaraciones críticas hacia el Gobierno que ofreció a una televisora”.
Además, Correa aseveró que otros obstáculos importantes para el ejercicio del periodismo son las restricciones al acceso a la información pública y la discrecionalidad con la que los organismos públicos asignan la publicidad oficial.
“Los problemas para acceder a la información pública conspiran contra la profesión, pues en la medida en que buena parte del trabajo del reportero se reduce a conseguir información, entonces se reduce el tiempo para analizar los datos y para construir un relato lo más atinado posible”, agregó Correa.
Por último, Correa indicó que el hecho de que la publicidad oficial se utilice como instrumento de premio o castigo, aunado a los efectos que la devaluación está teniendo en las empresas comunicacionales, sobre todo las editoriales, “está haciendo más difícil tener medios con cierto grado de independencia” (El Universal, 27:06.10).
Silvia Alegrette: “La Autocensura es el principal peligro para la profesión”
Para Silvia Alegrette, Presinta del Colegio Nacional de Periodistas el principal riesgo que confronta hoy el derecho a la libertad de expresión en el país es la autocensura en la que se sumen muchos comunicadores.
“La autocensura no hay manera de denunciarla, porque nadie va a admitir que se está autocensurando, pero sabemos qué está pasando y sabemos qué pasa porque el Gobierno está presionando tanto a medios como a comunicadores”, afirmó.
“No somos propagandistas de ningún medio, de ningún gobierno y de ninguna empresa privada; nosotros somos periodistas y punto”, sentenció (El Universal, 27.06.10).
Alegrette insistió las venideras elecciones parlamentarias podrían significar mejores circunstancias para introducir cambios en las leyes para acceso a la información o para mejorar el ejercicio de la profesión (El Nacional, 27.06.10).
