Los Kariñas constituyen uno de los doce pueblos indígenas presentes en el territorio venezolano, concentrándose en los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Sucre. En el caso del estado Anzoátegui el 7% de su población total es perteneciente a esta etnia, con una población Kariña aproximada de 16.686 personas, concentrados en la Mesa de Guanipa, Municipio Pedro María Freites, en caseríos como Bajo Hondo, Mapiricure, Kashama y Tascabaña. Como en el resto de los pueblos originarios, la subsistencia de los Kariñas está basada en la siembra de pequeñas parcelas denominadas “conucos”, para lo cual aprovechan las tierras húmedas de los morichales –comunidades biológicas dominadas por las plantas Moriches en cuyos bajos corren aguas limpias filtradas en los arenales de los suelos de las sabanas- y los ríos aledaños a sus comunidades.
Desde el año 2000 los Kariñas de las comunidades Tascabaña I y Tascabaña II notaron que del río del mismo nombre empezaron a emanar torrentes de burbujas de gas metano, que con el paso del tiempo se hicieron más fuertes. Si bien los escapes gaseosos son producto de la actividad extractiva energética, no existe consenso sobre su origen. Una versión apunta que son consecuencia de la exploración de 35 pozos en la zona en la década de los cuarentas, cuya responsabilidad recaería en las concesionarias de la época: Exxon Mobil y Texaco. Otra sostiene que el principio del problema es más reciente. En 1999 presumiblemente Pdvsa perforó pozos cerca de la comunidad, los cuales posteriormente fueron sellados pero que ocasionaron el comienzo de la fuga.
Sin embargo este no es el único elemento que se desconoce acerca del gas que contamina el rio Tascabaña. Tampoco existen estudios de impacto ambiental que certifiquen la magnitud de la fuga ni sus posibles consecuencias tanto para la salud del medioambiente como para la de los habitantes de las comunidades Kariñas y otras ubicadas en las laderas del río. Hasta ahora la única indicación que han dado los representantes de Pdvsa es que el agua solamente debe utilizarse para lavar. Además, como resultado de las pocas conversaciones realizadas hasta la fecha, la estatal se ha comprometido a realizar inversiones sociales en Tascabaña I, lo cual ha venido cumpliendo progresivamente, pero con el paso del tiempo el problema lejos de atenuarse se ha agravado.
Provea realizó, recientemente, una visita a la comunidad para certificar las denuncias. Los voceros indígenas, si bien muestran una gran preocupación por el problema, tienen miedo a denunciar pues tampoco desean que Pdvsa paralice la construcción del ambulatorio y cancha deportiva que ha adelantado en la comunidad. Los temores poseen fundamento, pues después de las últimas declaraciones en los medios regionales, solicitando a la estatal la reapertura de las mesas de trabajo, recibieron la visita intimidatoria de algunos funcionarios, los cuales sugirieron que las denuncias eran una muestra de deslealtad tanto con la compañía como con la “revolución”.
De esta manera los kariñas de Tascabaña se sienten con las manos atadas. No quieren perder la inversión social por parte de PDVSA –el verdadero poder en la zona-, pero desean conocer la gravedad de la contaminación por gas para poder actuar sobre dichas consecuencias. A pesar del apoyo mostrado por los representantes indígenas a la Asamblea Nacional –quienes tuvieron en el hemiciclo un derecho de palabra para exponer la situación-, no se ha tomado ninguna acción concreta para revertir las emisiones de gases.
Al igual que el pasado, el modelo económico de Venezuela está basado en la exploración y extracción de recursos energéticos, una actividad de naturaleza contaminante y depredadora del medio ambiente. En otros países de la región, con un similar modelo de desarrollo, las redes ciudadanas y ecologistas realizan un seguimiento cercano de las consecuencias sociales y ambientales de la extracción de gases, minerales e hidrocarburos, potenciando tanto el debate como las políticas que apunten a la sustitución de dicha matriz económica. En Ecuador, por citar un ejemplo, organizaciones como Acción Ecológica han desarrollado una intensa labor de sensibilización para alertar sobre la necesidad de pensar, aquí y ahora, un modelo de desarrollo postpetrolero, basado en energías menos contaminantes y apoyadas en procesos de democratizaciones locales y sustentables. En nuestro país la implosión y fragmentación de las redes ecologistas y medioambientales, en buena parte por la polarización política, ha retrasado la socialización de esta preocupación entre nosotros y nosotras. Sin embargo, como en Tascabaña, el deterioro está allí, originando consecuencias para la salud de la gente, la flora y la fauna.
Pdvsa se encuentra en la obligación de realizar un estudio transparente de impacto ambiental para medir la profundidad y extensión de la contaminación gasífera en los territorios kariñas. Esta investigación, cuyos resultados deben hacerse públicos, debe ser la base para cualquier política cuyo objetivo sea la reversión del problema. Además, las iniciativas consecuentes deben ser aprobadas y contar con la participación de los afectados y afectadas. Los kariñas lo exigen, una petición que debería contar con el apoyo de todas las personas sensibles de este país y el planeta. (Rafael Uzcategui, Correo del Caroní, 05.07.10)
