Conocí al abogado y ex-juez venezolano Pedro Nikken en 1992, cuando era asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas para el proceso de paz en El Salvador. Luego siguió trabajando como partero de la democracia salvadoreña como Relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos de El Salvador. Algún día habría que entrevistarlo sobre el proceso de paz y reconciliación en El Salvador. Siempre vale la pena analizar con Pedro Nikken la situación de Venezuela. Es el observador más desapasionado, crítico y autocrítico que uno puede encontrar si uno busca entender de fondo, sin amarres ideológicos, el proceso político venezolano. Además, y ahí se vuelve realmente fascinante hablar con él, Pedro Nikken es interlocutor de todos los dirigentes, académicos, analistas, conspiradores que están involucrados en la búsqueda de una salida democrática para Venezuela. Además Pedro Nikken es uno de los expertos más prestigiados en materia de las instancias internacionales de derecho. Ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 10 años y fue enviado especial del Secretario General de la ONU en Burundi, encargado de las investigaciones de las masacres étnicas…
Pero Pedro Nikken tiene otro campo de experticia interesante para esta entrevista: el monitoreo de procesos electorales, como fundador y presidente de Ojo Electoral.
– ¿Cómo ves la situación de los Derechos Humanos y civiles en la Venezuela de hoy? ¿Y la libertad de expresión?
– Hay un nuevo delito penal creado en estas reformas últimas del código penal que se llama difusión de información falsa. ¡Increíble!
– Eso es totalmente contrario a la razón lógica de la ley.
– Tan contrario que la Fiscalía ejerció la acción de nulidad por lo inconstitucional de varios artículos de esa reforma. Pero la Corte no ha visto esta inconstitucionalidad. A Álvarez Paz, un ex gobernador demócrata-cristiano de Zulia, le aplicaron ya este ar- tículo. Es la primera vez que van a aplicar ese artículo, y es la única acusación que le hacen. Le van ha hacer un juicio penal, acusado por el Ministerio Público, por un delito que el Ministerio Público consideró inconstitucional. Imagínate. El Ministerio Público no puede estar de un lado demandando la nulidad y en otro lado pidiendo que se aplique este artículo que penaliza «información falsa». Eso no es posible, la cosa no puede ser constitucional e inconstitucional al mismo tiempo.
– ¿Hay otros casos emblemáticos?
– Hay un caso que causado indignación en los más altos niveles de Naciones Unidas. El presidente del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias lo calificó como el mayor ultraje que han visto los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en su historia. Estoy hablando de la detención y el enjuiciamiento de la jueza María Lourdes Afiuni. Es un caso absolutamente escandaloso, porque esta señora aplicó no sólo la Constitución, sino además una decisión del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, que decía que el acusado estaba arbitrariamente detenido, porque tenía tres años preso sin que se hubiese empezado el juicio. Entonces, Naciones Unidas pedían que se le liberara. La jueza hizo lo que pedían las Naciones Unidas, y la respuesta del Estado venezolano una hora después fue asaltar el tribunal con la policía política y llevarse a la señora jueza presa. La metieron a una cárcel, arriesgando su vida, porque hay cantidad de prisioneras que están ahí por decisión de ella. Es un caso absolutamente atroz.
– Tiene dedicatoria para atemorizar a los jueces…
– Para liquidar la independencia judicial. Así lo calificaron los tres relatores de Naciones Unidas en una declaración conjunta. Dijeron textualmente que el presidente Chávez ha dado un golpe a la independencia judicial en Venezuela (palabras textuales de ellos). Es rarísimo en el lenguaje de Naciones Unidas, que es muy moderado, muy ponderado, muy diplomático. Es el caso más escandaloso, por su efecto demostración. Aquí ningún juez se atreverá a hacer nada que podría molestar al presidente Chávez, porque el tipo pide 30 años de prisión y te meten preso.
Hablemos del caso de Iván Simonovis, el comisario policial recién condenado a 30 años de prisión, quien por varias organizaciones de Derechos Humanos es considerado prisionero político. ¿Tiene sentido llevar el caso Simonovis a instancias internacionales?
Lo vamos a llevar. Se está estudiando. Las violaciones al debido proceso han sido tan manifiestas que se da uno de los supuestos para que se pronuncien tanto el Sistema Interamericano como el de Naciones Unidas. Yo estoy en eso.
Para casos como el de Simonovis y los demás policías acusados en el contexto del golpe de estado de 2002 contra Chávez, ¿la única esperanza es esperar un cambio de gobierno?
Por supuesto, como para todo preso político. Treinta años es cadena perpetua.
– Hace dos años yo te entrevisté y me dijiste con mucho énfasis: «No te equivoques, esto no es una dictadura, esto es una democracia con tendencias autoritarias»…
Dos años después diría que no califica como una dictadura. Falta, va camino a eso. También te diría que ya no es una democracia.
– ¿Qué hechos te permiten decir esto que ya no es democracia?
– ¿Qué más quieres? Tenemos la posición de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, de que «eso de la separación de poderes es un elemento extranjerizante de un tal Montesquieu».
– ¿Cómo tipificar, entonces, esta situación?
– En Venezuela no está sólo en peligro la democracia, sino el concepto mismo de República. La República surgió agarrada de manos de la democracia. La República es la negación del poder absoluto del monarca. Aquí en Venezuela estamos camino a una monarquía. No digo que Chávez se vaya a coronar rey, no hace falta tener un rey coronado para tener una monarquía. Alemania tenía una monarquía con Hitler. Así podríamos citar muchísimos otros casos, monarquías no hereditarias. No hacen falta casas reales y herederos del trono. Basta que todo el poder esté concentrado en una persona. Y eso es el caso en Venezuela.
– ¿Todo el Estado, sus diferentes órganos, supeditado al presidente?
– Los poderes públicos en Venezuela asumieron algo que sólo le corresponde a la Fuerza Armada, que es ser obediente y no deliberante. Aquí todos los poderes públicos son obedientes y no deliberantes; nadie le discute al presidente y todos le obedecen. En esas condiciones no se puede seguir hablando de democracia, solamente porque haya elecciones.
– ¿Cómo quedan los poderes descentralizados, las alcaldías y gobernaciones ganadas por opositores?
– Hay prácticamente un golpe de Estado. Contra el alcalde Ledezma de la Alcaldía Mayor de Caracas hay un golpe de Estado. Es el más evidente: Ledezma ganó las elecciones por un cargo, y el presidente nombró otra persona para el mismo cargo. Le puso otro nombre al cargo, pero traspasó todas las competencias y todos los bienes a la nueva entidad. Eso es un golpe de Estado abierto. Y en el caso de las gobernaciones, que las ahoga económicamente, es un golpe de Estado encubierto.
(Paolo Luers, El Salvador.com, 15.07.09)
Entrevista completa en http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4901433
