De la modesta experiencia acumulada por Provea en la defensa y promoción de los derechos humanos en general y de los DESC en particular, rescatamos que es fundamental tender puentes y formalizar alianzas estratégicas con las organizaciones sociales involucradas en la problemática (ONGs de desarrollo, sindicatos, comités de sin tierra y sin vivienda, organizaciones comunitarias, etc.), con el objeto que las ONGs de derechos humanos juguemos un rol complementario y no sustitutivo al de dichas organizaciones, aportando la especificidad de la perspectiva y visión de los derechos humanos.
Una iniciativa de esta naturaleza en Venezuela, debe partir de constatar cuál es la realidad de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones sociales en referencia a la exigibilidad de los DESC. Adicionalmente, hay que explicitar cuál es la realidad del entorno político-social en referencia a los DESC y su vigencia o no para los sectores populares beneficiarios de la acción.
Sobre la realidad de las ONGs de derechos humanos y de las organizaciones sociales en referencia al tema, podemos afirmar que dentro de las primeras, si bien la gran mayoría participa de una visión que entiende los derechos humanos desde una perspectiva de integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los mismos, sólo una minoría se dedica a la defensa y promoción de los DESC. Es evidente que esto implica un grado de debilidad que es necesario abordar y superar en el futuro, ya que muchas reciben demandas pero no están en condiciones de asumirlas por falta de capacitación en el tema.
En el campo de las organizaciones sociales y de desarrollo, la gran mayoría de ellas enfocan su trabajo desde una perspectiva temática, desde la cual se privilegia la participación activa de la gente en la solución de las problemáticas que las afectan (falta de vivienda, o tierra o créditos para sembrar, no acceso a la salud o a la educación, etc.), pero carentes la gran mayoría de ellas de una perspectiva de derechos. Cabe destacar, que sí algunas de ellas, vienen teniendo un acercamiento y diálogo con las ONGs de derechos humanos fundamentalmente en relación a un derecho que es transversal a la hora de ejercer los DESC, como es el derecho a la participación, pero todavía no incorporan en su actuación una perspectiva de derechos en sus estrategias de acción. Sobre el entorno político-social en referencia a los DESC, cabe destacar que en la actualidad, las políticas públicas en Venezuela parecieran orientarse a intentar revertir una década de implementación de medidas que formaban parte de los Planes de Ajuste Estructural (PAE), que significaron un retroceso en la mayoría de los indicadores de realización de los DESC. Los niveles de pobreza se incrementaron en la última década, así como el nivel de desempleo, el deterioro del salario real, el acceso a la atención y protección de la salud, la escasa cobertura de la seguridad social, entre otros signos claros de la ausencia de garantía y protección de los DESC. Decimos esto, porque la Constitución aprobada en diciembre de 1999, establece un marco protector y garantista de los DESC, que en principio obliga al Estado a actuar en consecuencia y da instrumentos a la población para lograr la justiciabilidad y la exigibilidad de los mismos. Creemos que para promover y defender derechos como la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la tierra o el ambiente sano las organizaciones debemos asumir desde una visión compartida el reto que significa la “exigibilidad” de estos derechos, entendida como un proceso social, político y legal que debe incluir la participación activa de la sociedad civil en esta tarea, como un ejercicio de ciudadanía que obligue a que el Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC establecidos en la Constitución y las leyes.
En este sentido, la elaboración de leyes sobre educación, seguridad social, salud, tierras, trabajo y empleo, por parte de la Asamblea Nacional representa un primer desafío de importancia donde debemos participar y desarrollar alianzas sociales para lograr que las mismas resulten coherentes con los principios de derechos humanos, en un momento donde resurgen presiones de sectores identificados con posturas neoliberales privatizadoras.
(21.08.01)
